Antes de nombrarlas, las hacía firmar anticipadamente las renuncias sin fecha o las obligaba a suscribir documentos en blanco que luego diligenciaba arbitrariamente para presionarlas.

Primero, lo hizo con la gerente del hospital San José, Adriana Lizeth León Ortiz, una joven médica, egresada de la Universidad Surcolombiana, con maestría en alta gerencia en salud. Luego repitió la misma práctica con su sucesora y con otras funcionarias de la administración cuando se negaron a aceptar sus abusivas invitaciones amorosas.

Pero además de las morbosas invitaciones, el alcalde ‘Panelo’, como el mismo se nombra, las amenazaba. “Si se ponen a denunciar, algo les puede pasar, las calles de Isnos son muy solas o las puede atropellar un carro”, les repetía en voz baja, relató León Ortiz.

“Una vez me dijo que había soñado que había muerto en un accidente de tránsito o que el carro perdía los frenos”, relató a LA NACIÓN, la joven profesional, a quien obligó a firmar antes de posesionarse su impensable dimisión.

El alcalde siempre negó esas acusaciones reveladas por LA NACIÓN y aseguró que se trata “sólo de calumnias”.

Amenazas

León Ortiz, natural de San Agustín, fue designada el 12 de octubre 2016 por Decreto 069 de 2016 hasta el 31 de marzo de 2020.

Sin embargo, diez meses después, el 16 de agosto de 2017 fue intempestivamente desvinculada de su cargo de manera irregular. Ese mismo día, el cuestionado mandatario, le aceptó la supuesta renuncia (Decreto No. 043 de 2017)  y de manera inmediata y sin permitir el empalme, procedió a nombrar en provisionalidad a Ruth Mildred Puentes Montenegro, su nueva víctima.

La funcionaria, quien viviría en carne propia el mismo drama, fue designada en propiedad el 19 de Diciembre de 2017 (Decreto No. 086).  Pero la suerte le duró poco.

A pesar de los desmanes,  el alcalde ‘Panelo’, afirmó que la “administración no actuó de manera caprichosa sino ante la evidente voluntad de la señora Adriana Lizeth León de renunciar a su cargo”.

El mismo discurso lo mantuvo ante los medios de comunicación que cuestionaron sus polémicos procedimientos, hasta que se destapó en los estrados judiciales.

Rosero, el panelero de Bajo Mondeyal, se convirtió en el único alcalde del Centro Democrático elegido en el Huila en octubre de 2015. Sin saberse  sus ‘torcidos’ procederes Rigoberto Rosero obtuvo 4.460 votos, derrotando a la dirigente liberal Gaby Angelita Ñañez, quien lo sucederá a partir del próximo primero de enero.

El escándalo se destapó cuando la médica general decidió demandar por arbitrario su retiro. “Detrás de esa historia de acosos hay otra más grave relacionada con la contratación”, explicó sin dar más detalles. “Eso hace parte de otras denuncias que están en curso”, anticipó a LA NACIÓN.

El juez Segundo Administrativo de Neiva, Jesús Orlando Parra, acaba de revalidar su historia, ordenó la indemnización y dispuso su reintegro. Además, puso en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen, el torcido proceder.

Sólo la verdad

Dayron Bravo Imbachí, uno de los hombres de confianza de la entidad, invocando la protección de Dios, decidió destapar la jugada.

“Yo solamente voy a decir la verdad en este caso, yo sé cómo recibí la renuncia y quien me la entregó”, advirtió de entrada, sabiendo que con esa declaración podía perder su empleo.

“Ese día, me llamaron de la Alcaldía Municipal, la señora Maudy Muñoz, mujer del Alcalde. Yo fui, ella estaba en el despacho del Alcalde, yo fui ese día allá, no sabía para qué era, más sin embargo fui”, reveló.

“Yo llegué ahí al despacho, en ese momento estaba el jurídico de la Alcaldía Ricardo Gómez, la Secretaria de Salud y la jurídica. En ese momento ellos me entregan un sobre que era para radicarlo en la alcaldía y me dicen que es una renuncia de la doctora Adriana…”

Cuando el juez Jesús Orlando Parra le preguntó quién le había entregado el sobre con la falsa renuncia, el funcionario no dudó en responder: ¡La señora Maudy Muñoz de Rosero, la mujer del Alcalde!

“Entonces yo les digo que no, que yo no hago eso porque el señor alcalde no se encuentra en el momento, que si él me lo ordena yo lo hago”, replicó  Bravo Imbachí.

“Ese día me sentía intimidado porque tenía que rendirle lealtad al Alcalde frente al lema de la campaña ‘El cambio marca la diferencia’. Entonces yo dije que no”, confesó.

Los asistentes, los dos abogados, la secretaria de Salud y la primera dama llamaron telefónicamente al alcalde Rosero, quien terminó avalando la tramposa treta.

“Se llamó al Alcalde y él dijo: ‘Tranquilo, no hay ningún problema’.  El alcalde me dijo que no habían problemas jurídicos conmigo y yo por eso lo hice…”, confesó Dayron Bravo. El funcionario fue más lejos.

“A mí me entregaron un sobre cerrado que contenía una renuncia y yo lo llevé a la Secretaría de la Alcaldía. El sobre lo recibió la Secretaria de la Alcaldía llamada Jackeline, ella abre el sobre y contenía la renuncia”, reiteró Bravo.

“La renuncia se la entregó la esposa del alcalde y no la doctora Adriana Lizeth… yo trabajé sobre presión porque soy empleado, de bajos recursos y la única fuente de trabajo es la Alcaldía y el Hospital, pues en ese momento tenía mucha deuda y si no hacía eso me podía quedar sin trabajo…”, subrayó.

El funcionario también admitió que nunca le comentó a la gerente la patraña que le habían montado para sacarla del cargo.  “No le comenté a la doctora Adriana sobre la renuncia que me pasó la esposa del Alcalde porque tenía miedo”, confesó.

Adriana León en la posesión de su cargo.

Historia repetida

No era la primera vez que lo hacía. La actual gerente, Ruth Mildred Puentes Montenegro, reintegrada al cargo por una tutela, confirmó las mismas maniobras que utilizaron en su contra. Por eso también la sacaron a sombrerazos el 27 de septiembre pasado.

Al momento de la posesión, el alcalde sacó cuatro cartas de renuncia, sin fecha para que las firmara. La funcionaria quien estaba en provisionalidad firmó las cartas el mismo día en se produjo su nombramiento en propiedad. Puentes Montenegro reemplazó a la médica Adriana León.

Posteriormente esas cartas firmadas sin fecha fueron utilizadas por el alcalde Rosero para acosarla sexual y laboralmente.

“La esposa del Alcalde Maudy Muñoz tenía mucha injerencia en el Hospital. En varias ocasiones me manifestó que ella era la mandaba en el hospital y no la Gerente. Es más, que no tenía derecho a tener conductor propio, que tenía que ser el que ellos me delegaran”, afirmó en su versión rendida ante el despacho judicial.

“Ricardo Gómez, el abogado de la Alcaldía -admitió según el mismo relato- que con Adriana León Ortiz habían cometido un error al hacerla firmar en blanco y que con ella las cartas ya iban redactadas”, relató Puentes Montenegro.

La misma funcionaria denunció públicamente el acoso sexual y laboral y las presiones para entregar la contratación, sin los requisitos legales.

En mayo de 2018, cinco meses después de haber asumido el cargo en propiedad,  el alcalde Rosero Gómez le hizo firmar una nueva carta de renuncia y la obligó a que la radicarla en la Alcaldía.

Sin embargo, la funcionaria en contra de su voluntad radicó la renuncia forzada, supuestamente “para demostrar lealtad”.  La renuncia tenía como fecha de retiro, diciembre de 2018, situación que disgustó al Alcalde.  Desde ese día empeoraron las relaciones laborales hasta el 27 de septiembre pasado cuando el alcalde

La actual Ruth Mildred Puentes corrió la misma suerte, solo que fue reintegrada por una tutela.

El montaje

La joven gerente, Adriana León Ortiz denunció que nunca presentó renuncia al cargo de Gerente del Hospital San José de Isnos. El documento utilizado como fundamento para designar a su reemplazo, fue una hoja en blanco con su firma que tenía en su poder el alcalde Rosero. El documento en blanco fue posteriormente diligenciado con la renuncia de la funcionaria como mecanismo “para intimidarla  y acosarla sexual y laboralmente”.

La administración reiteró que la funcionaria presentó la renuncia al cargo y por tanto que “su actuación estuvo cobijada por la presunción de buena fe y con la convicción que la misma había sido presentada de manera libre, consciente y voluntaria”. Por esta razón –dijo- procedió a nombrar a la nueva gerente en provisionalidad. También descartó la existencia de alguna falsedad en la renuncia, argumentando “que son apreciaciones calumniosas y deshonrosas por parte de la demandante”.

Clara manipulación

Según el juez Jesús Orlando Parra, la voluntad es un requisito indispensable, esencial, escindible y connatural a esta figura jurídica (renuncia), es decir, sin ella, sin voluntad la renuncia se desnaturaliza.

“Si la voluntad de la demandante era renunciar a su cargo como Gerente, sería lógico que tal documento hubiera sido entregado por ella al mensajero de la ESE y no por parte de la esposa del Alcalde, en el Despacho de la Alcaldía y para ser radicado en la Secretaría del ente territorial, lo que da a entender que existió manipulación por parte del Alcalde para la presentación de la renuncia”, concluyó el funcionario judicial.

“Se denota claramente que la renuncia no fue presentada por la demandante, sino que fue manipulada desde el mismo momento de la posesión en que se le ordenó que firmara un documento en blanco”, subrayó el juez.

Además, confirmó que la misma práctica se repitió con la gerente que la sucedió Ruth Mildred Puentes, como lo declaró en la audiencia de pruebas.

“La esposa del alcalde la señora Maudy Muñoz – agregó- fue protagonista de estos hechos juntos con los jurídicos de la Alcaldía y el Secretario de Salud”.

“De estas declaraciones, se evidencian indicios muy serios de la manipulación que fue objeto la renuncia aceptada por el Alcalde”, concluyó el togado: primero, que la renuncia no fue presentada por la gerente, que al hacerle firmar un documento en blanco y luego redactarlo, no fue el resultado de su voluntad libre e inequívoca de separarse del cargo, sino que ella obedeció a maquinaciones artificiosas del Alcalde y su esposa, con la complacencia de los asesores jurídicos y la Secretaria de Salud.

“La actuación de la administración -enfatizó el juez- está lejos de incidir en un mejoramiento del servicio, no fueron esas las razones que motivaron la aceptación de la renuncia presentada por el actor, presentándose con ello una evidente desviación de poder por la maniobra artificiosa con que se materializó la aceptación de una renuncia que no fue redactada ni presentada por la demandante”.

“Por tales circunstancias, el acto está viciado por infringir las normas en que debía fundarse y se pone en evidencia el desvío de poder en que incurrió el nominador con su proceder”, afirmó.

El reintegro

Al desvirtuarse la presunción de legalidad del acto demandado declaró la nulidad del decreto que le aceptó la renuncia y designó a su sucesor en provisionalidad.

A título indemnizatorio el despacho judicial ordenó reconocer y pagar al demandante el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir desde esa época. Igualmente dispuso su inmediato reintegro.

La funcionaria anunció que no tiene aspiraciones a regresar al cargo pero advirtió que seguirá adelante con la reclamación por la indemnización.

Otras investigaciones

Como quiera que se presentaron serías irregularidades en la producción del documento que originó la renuncia presentada por la gerente Adriana Lizeth León Ortiz, el juez compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen las conductas penales y disciplinarias desplegadas para configurar el documento de renuncia ficticia de la demandante así como la manipulación de la misma a través de la primera dama.  Igualmente compulsó copias a la Contraloría para que investigue un posible detrimento patrimonial  derivado del fallo.

La otra víctima

La última víctima Ruth Mildred Puentes Montenegro por las mismas razones fue retirada a sombrerazos del cargo el 27 de septiembre de 2019. El mandatario, abusando de su función pública, apoyado por la Policía, incursionó violentamente a la sede hospitalaria y posesionó a su reemplazo. Durante la ocupación ilegal, realizada, los vigilantes de la entidad fueron agredidos por los escoltas del alcalde ‘Panelo’.

Sin embargo, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de la población, ordenó el inmediato reintegro. Además, verificado el atropello compulsó copias a la Procuraduría Provincial y a la Fiscalía para que investigue las anomalías que han salido a flote, incluyendo la falta de transparencia en la contratación pública.