Fiscalía cita a imputación de cargos a 10 alcaldes por contratos del COVID-19
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que después de investigar 3.000 contratos firmados desde la declaración de la emergencia por el COVID-19, tomaron la decisión de citar a imputación de cargos con medida de aseguramiento a 10 alcaldes, y fueron citados a interrogatorio tres alcaldes más y tres gobernadores.
“No se va a permitir que funcionarios y servidores públicos se sirvan de los recursos públicos”, sentenció el fiscal Barbosa.
Los primeros llamados a responder ante un juez son los alcaldes de: Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals; Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez; Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez; Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano. Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados.
La Fiscalía les imputará cargos por delitos como celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Además, fueron citados a interrogatorio los alcaldes de Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. Asimismo, deberán responder como interrogados los gobernadores de San Andrés Islas, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo, y Guaviare, Heydeer Palacio.
Incluso, dijo el fiscal general, que hay otras investigaciones contra gobernadores.
“Existen indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente)”, dijo.
Contraloría
El contralor Felipe Córdoba anunció que abrieron 40 nuevas indagaciones preliminares, que involucran a 12 Gobernaciones, 10 Alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional.
El contralor suspendió al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.
También abrió procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $3.885 millones, contra la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes de Medellín, Sincelejo Malambo, Girón y Coveñas.
Sobre el Municipio de Malambo, se evidencia un detrimento fiscal de $1.107 millones relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio y por eso abren proceso de responsabilidad fiscal, por esta cuantía, contra el alcalde Rummenigge Monsalve Álvarez.
En lo que tiene que ver con Coveñas (Sucre), la entidad abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde, Rafael Antonio Ospina Toscano, en cuantía de $229 millones por presuntos sobrecostos en la celebración de un contrato de suministro de kits de alimentos y de aseo.
Asimismo, la Contraloría abre un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración para el suministro de 20.000 kits alimentarios.
Por otro lado, fueron la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra dos oficiales de la Armada Nacional Base Naval de Bogotá y la empresa Medivalle por un presunto detrimento patrimonial de 992 millones de pesos en un contrato para la adquisición de 1’332.000 tapabocas.
El organismo de control también abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.
Asimismo, abrieron un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 contra la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el COVID-19.
El contralor Felipe Córdoba declaró de “impacto nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kits alimentarios, por un valor total de $95.723.616.000”. Por esto abren una indagación preliminar.
El contralor especificó que en la Gobernación de César se indagan cuatro contratos; en las Gobernaciones de Valle, Tolima y Casanare 2. También se llevan 2 indagaciones en la Alcaldía de Tumaco (Nariño).
Por otro lado, las indagaciones preliminares incluyen a las Gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.
Tomado de Blu Radio.
