Del imponente río Magdalena a un lago sin vida

La construcción de esta hidroeléctrica hizo que el río se convirtiera en un embalse y por ende que su ecosistema se transformase, y hoy es en efecto, un simple lago en el que no hay vida ni un ecosistema sustentable.

Muy pocas veces nos hemos realmente preguntado qué es lo que pasa con la hidroeléctrica El Quimbo, más por falta de información veraz y efectiva que por la ausencia de un interés sobre el tema. ¿Y es que quién no ha visto el río Magdalena?

El río Magdalena es el río más caudaloso del país, en sus partes altas tiene un caudal de entre 300 y 500 metros cúbicos por segundo, especialmente en la parte donde la hidroeléctrica se encuentra en funcionamiento. La construcción de esta hidroeléctrica hizo que el río se convirtiera en un embalse y por ende que su ecosistema se transformase, y hoy es, en efecto, un simple lago en el que no hay vida ni un ecosistema sustentable.

Esta transformación y encierro de las aguas del río más importante del país se le debe agradece al gobierno de Juan Manuel Santos, la corporación trasnacional ENEL Endesa y a los accionistas privados (en ningún caso a los bogotanos como afirmó Enrique Peñalosa, saliendo al paso en defensa de los ’bogotanos’ que representa. En: Peñalosa advierte que bogotanos perderían recursos por orden de apagar El Quimbo) que en nombre de Empresas de Energía de Bogotá adquirieron el 14.07% de las acciones del Quimbo [1].

La resistencia por parte de la comunidad en contra del desvío del río para la construcción de la hidroeléctrica no se hizo esperar y se manifestaron legal y cívicamente, recibiendo como respuesta del gobierno una represión sin precedentes y por parte de los medios de comunicación masiva el silencio y la estigmatización que desde las altas esferas gubernamentales se ordenaba.

Siendo el río un ecosistema, su desvío y la construcción de la hidroeléctrica provocó la extinción de varias especies, de igual manera cambios en el clima de la región del sur occidente del Huila que afectó la vida de las poblaciones y comunidades que vivían cerca del mismo. A pesar de la resistencia por parte de las comunidades, en 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos defendió su construcción y EMGESA la empresa constructora se encargó de hacer ver a los colombianos el encierro del río para la construcción de la hidroeléctrica como un hecho poco devastador [2].

Lo cierto es que las autoridades colombianas se han quedado resagadas en el seguimiento y control a las acciones emprendidas por la corporación extranjera en territorio nacional. Si bien en 2012 la Contraloría General de la Nación ordenó ’la apertura de un proceso por responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió durante la expedición de la misma’ [3], no se ha encontrado avance sobre la orden que la ex contralora Sandra Morellí realizó.

Por el contrario, la negligencia por parte de las autoridades colombianas para defender el patrimonio nacional en favor de grandes corporaciones como EMGESA se hace evidente en el último mes. Resulta que a mediados del año pasado y sin previo aviso a las autoridades locales, la corporación extranjera comenzó el llenado de la represa, con autorización de la ANLA, aun cuando no cumplía con los requisitos expuestos en la licencia. Lo que sucedió básicamente fue que para llenar el embalse, EMGESA debía retirar del mismo toda la biomasa (material vivo o vegetación) que se encontrara allí para evitar daños al medio ambiente, las comunidades que en las partes altas del río viven junto y de sus aguas. La corporación trasnacional no lo hizo y comenzó el llenado. Así lo registró Noticias Uno:

Por ese nefasto hecho, marcado por la irresponsabilidad de la corporación trasnacional y la complacencia de varias instituciones del Estado, fue apagada la hidroeléctrica el 18 de diciembre de 2015 gracias a las medidas cautelares interpuestas por el magistrado, Ramiro Aponte Pino, con el propósito de prevenir mayores daños ambientales y sociales en la región y a la medida cautelar que el Tribunal Administrativo del Huila interpuso contra la multinacional, en la que advierte que la represa no puede generar energía hasta que no se haya retirado la totalidad de desechos forestales y la biomasa que dejó la tala en más de mil hectáreas inundadas.

No pasó ni siquiera un mes para que el descaro y la doble moral del gobierno de Juan Manuel Santos hiciera su reaparición en defensa de los grandes intereses trasnacionales, en detrimento de lo público, de lo que pertenece a todos los colombianos. El presidente colombiano haciendo gala de un cinismo característico ya, alegó su preocupación e interés por «evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo», interponiendo una tutela ante un juez de Neiva para el reinicio de operaciones, olvidando que cuando la Controlaría en 2012 alegaba con razón los daños ambientales, sociales y económicos, el presidente se dedicó a guardar silencio y en nombre de los colombianos y en especial de los habitantes del Huila no hizo nada por defender lo que ahora si sale a capa y espada a resguardar por intereses foráneos. Hoy acudió a todos esos argumentos para que la hidroeléctrica volviera a funcionar y así no más comenzó su operación nuevamente y de manera irresponsable.

¿Cuales son las verdades afectaciones?

Tras consecuencias como las que sufre el municipio de Hobo en el Huila, que se quedó con la ’Prosperidad Para Todos’, representada en la destrucción del 100 por ciento de la pesca artesanal y las ordenes de desalojo para la comunidad de su hábitat, emitidas desde arriba para la construcción de la represa [4]. Hoy por el cierre de la represa y el incumplimiento de la licencia ambiental por parte de EMGESA las aguas del antiguo río Magdalena y hoy embalse de El Quimbo son de muy mala calidad.

Es importante tener claro que en la actualidad la cuenca alta del río Magdalena está regulada por dos embalses Betania y, a partir del 2015, El Quimbo. Quiere decir que el río es transformado y modificado dependiendo del funcionamiento de estos dos nuevos cuerpos de agua que fueron construidos inicialmente para la generación eléctrica. En el caso de Betania, años después fue considerado multipropósito con el fin de desarrollar actividad piscícola; entonces, hay nuevas condiciones ambientales que generan transformación en todo el ecosistema del Magdalena, en la parte alta dentro del Huila [5]. Según el investigador Santiago Duque «Es un hecho que las aguas que el día de hoy está liberando por descarga de fondo, es agua de mala calidad, eso implica que aguas abajo se está generando una problemática social y ambiental muy fuerte sobre pobladores y pescadores, que viven en ese tramo de 14 kilómetros. También es cierto que los volúmenes de agua y las concentraciones de oxígeno que deberían estar llegando al embalse de Betania están disminuidas, pero también hicimos un estudio en Betania antes del cierre de compuertas y llenado del embalse de El Quimbo, y ya el embalse de Betania mostraba condiciones significativamente con mal manejo, es decir, deterioro significativo de las aguas.» [6]

Lo anterior es el preámbulo según el investigador de un panorama nada favorable aguas abajo, en especial para los siete municipios que colindan con el embalse, puesto no se sabe a ciencia cierta como se encuentran sus plantas de tratamiento para el agua potable, que francamente viendo la situación en materia de servicios públicos en el país no debe ser muy buena, degeneraría en una crisis humanitaria aun más fuerte que terminaría sumándose a otra crisis ambiental, reforzada por los gases efecto invernadero que generan tanto la represa de Betanía como la del Quimbo, en especial la segunda con la biomasa que por negligencia de la trasnacional no se retiró oportunamente. Y luego nos estamos preguntando el porqué del fenómeno del niño y seguramente después el gobierno estará echándole la culpa también al fenómeno de la niña por sus constantes incompetencias en el manejo ambiental del país.

En un gobierno que poco o nada ha tomado en cuenta las decisiones y opiniones de las comunidades poco se puede esperar que tome en cuenta la de las autoridades competentes y no hablamos precisamente de la ANLA. Las deciciones al rededor de El Quimbo, han sido tomadas en escritorios, tribunales y juzgados que si bien tienen poder adjudicado o inherente, no necesariamente son fuente de legitimidad y razón para la toma de buenas decisiones. Así lo deja entre ver Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra, quién al ser consultada por El Espectador, argumenta lo siguiente: “En la apertura, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momento, como la de retirar por completo la biomasa. Y en el cierre el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam, que tiene entre su equipo a excelentes profesionales cuyo trabajo está entre los mejores del mundo, ni siquiera fue consultado” [7].

En Colombia están dañando nuestros ecosistemas, se está mal administrando el recurso natural y al final los que terminan pagando las consecuencias son los seres vivos que habitan las regiones del país, que hoy por hoy se debaten entre la soberanía ambiental y el olvido del Estado que se enmarca en pocas fuentes del recurso más preciado para la humanidad, el agua.

Por Xiomara Taborda.

Fuente: Prensa Rural.

Foto; El Universal.