El denominado “acuerdo verde” que fue aprobado en el año 2017 en Oporapa – Huila, en el cual se prohibía puntualmente la construcción de la represa ‘El Guineo; y que negaba la ejecución de cualquier trabajo de minería de alto impacto, fue interrumpido por el Tribunal Administrativo del Huila, mientras se adelanta su nulidad como ocurrió en el municipio de Pitalito.
“El Estado es dueño del subsuelo y de todos los recursos no renovables, razón por la que siempre intervendrá conforme a la ley en la explotación de los recursos naturales” fue una de las argumentaciones del juez de primera instancia Tito Alejandro Rubiano.
Si el juez declara la nulidad definitiva del acuerdo, el concejo está en su plena competencia para proponer otro nuevo acuerdo defendiendo la legalidad del mismo; la única intención es conservar el medio ambiente y los recursos naturales del municipio.
La comunidad se encuentra con gran preocupación debido a la existencia de siete solicitudes mineras para la explotación de oro y materiales de construcción, entre otros proyectos mineroenergéticos, que atentan contra el medio ambiente, y amenazan con devastar los terrenos fértiles de la región.
El 29 de noviembre de 2017, fue radicada la constitucionalidad de la Consulta Popular Antiminera, la cual junto a dicho acuerdo, fueron promovidos por los habitantes de la región, y contaron con el apoyo del alcalde, los concejales, agremiaciones campesinas como Surcafé, Asonaret, productores Agrícolas de San Roque, el Comité por la Defensa del río Magdalena, Movimiento Ciudadano de Pitalito, la parroquia San José de Oporapa y la corporación Podion, entre otros; con el propósito de impedir la construcción de la represa “El Guineo” y apostarle a la defensa del territorio; que garantice un futuro saludable para las siguientes generaciones.
Es posible que la comunidad tome las vías de hecho, junto a la administración municipal que ha ratificado el compromiso para proteger la naturaleza, los recursos naturales y los afluentes hídricos del municipio.