La Fiscalía General de la Nación logró medida de aseguramiento intramuros en contra del soldado profesional Carlos Humberto Mayorga Biojo, presuntamente responsable del doble homicidio agravado de un par de menores de edad, en hechos ocurridos el lunes, 16 de noviembre, en un retén militar ubicado en San Agustín (Huila). Dichos delitos fueron agravados por el estado de indefensión de las dos víctimas.
Al término de las audiencias preliminares, realizadas en la mañana del miércoles 18 de noviembre, el soldado de 25 años, dijo no aceptar los cargos enrostrados por un fiscal URI de la unidad de Pitalito (Huila).
Ante los argumentos de la Fiscalía el uniformado fue afectado con medida de aseguramiento en centro de reclusión militar por lo que fue trasladado al Batallón de Infantería N° 27 Magdalena del Ejército Nacional al cual está adscrito. Allí deberá cumplir a la medida impuesta.
Dos adolescentes mueren en manos de balas del Ejercito en San Agustín Huila.
Los hechos
De acuerdo a las labores investigativas preliminares adelantadas por el CTI, que asumió los actos urgentes del caso, la muerte de los dos menores se presentó en momentos en que el personal del Batallón Magdalena realizaba actividades de registro y control en la vía de ingreso a la vereda El Palmar de San Agustín, donde ubicaron el puesto militar.
Las actividades del Ejército estarían siendo realizadas en apoyo a operativos de control a establecimientos públicos que adelantaba la Policía Nacional. Precisamente, fueron uniformados policiales quienes detuvieron al soldado Mayorga Biojo tras escuchar los disparos, poco después de llegar al sitio para la referida actividad.
Según se conoció, cuando las víctimas pasaron frente al retén, a bordo de una motocicleta, al parecer, hicieron caso omiso a la señal de pare por parte de los uniformados. Esto fue lo que, presuntamente, hizo que el soldado disparara su fusil de dotación contra las personas, quienes perdieron la vida en el acto.
El ente acusador señala al uniformado de haber disparado de manera indiscriminada contra jóvenes civiles que no portaban armas y estaban en indefensión.
Esta investigación está enmarcada en los lineamientos establecidos dentro del direccionamiento estratégico 2020-2024, definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que prioriza el esclarecimiento de los actos en los que son violados los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.