Pitalito no tiene un problema de barro: tiene un problema de prioridades. Mientras el municipio se vende como un “subcentro regional estratégico” y celebra premios internacionales, miles de familias siguen caminando entre lodo, inundaciones y vías destruidas. La pregunta no es si hay recursos; la pregunta es para quién aparecen primero.
La primera razón es clara: en Pitalito la pobreza urbana termina convertida en excusa técnica. El POT reconoce más de 72 hectáreas de asentamientos subnormales, especialmente en las comunas 1 y 4, donde la falta de alcantarillado y drenaje impide legalmente pavimentar. El Decreto 1077 de 2015 exige redes de saneamiento antes de aplicar concreto o asfalto. Es decir, las comunidades más vulnerables quedan atrapadas en un círculo perverso: no les pavimentan porque no tienen redes modernas, pero tampoco modernizan las redes con la rapidez necesaria. Mientras tanto, cada invierno convierte las calles en pantanos.
La segunda razón tiene que ver con la desigualdad en la forma de invertir. A los barrios vulnerables se les habla de “esfuerzo compartido”, autoconstrucción y aporte comunitario; en otras zonas, las obras llegan completas y financiadas al 100% por el Estado. Resulta difícil ignorar el contraste: mientras familias pobres deben poner mano de obra y organización para mejorar sus calles, otros sectores reciben pavimentaciones millonarias ejecutadas directamente por contratistas. La infraestructura, en la práctica, parece depender más del peso político y del valor inmobiliario del sector que de la necesidad social.
La tercera razón es la lentitud institucional. El caso de la comuna 4 demuestra que el municipio sabe cuál es el problema: inundaciones, ausencia de colectores y colapso vial. Incluso existe un proyecto de más de $13 mil millones para alcantarillado pluvial. Sin embargo, entre mesas técnicas, trámites y años de espera, las comunidades siguen viviendo el mismo abandono. La planeación existe en el papel; el problema es que la ejecución avanza demasiado lento para quienes deben soportar diariamente las consecuencias.
La cuarta razón es el deterioro de la confianza ciudadana. El barrio San José ganó un concurso municipal y recibió la promesa de $200 millones en obras de infraestructura. La comunidad celebró creyendo que, por fin, llegaría una transformación real. Pero las demoras en la pavimentación terminaron convirtiendo el premio en frustración. Cuando las comunidades ven que las promesas se anuncian rápido pero las obras no llegan, la credibilidad institucional se erosiona profundamente.
Y la quinta razón revela la contradicción más dolorosa: Pitalito invierte en reconocimiento internacional sin resolver problemas básicos de entorno urbano. El Colegio Montessori ganó uno de los premios educativos ambientales más importantes del mundo y recibió inversiones millonarias en innovación tecnológica. Sin embargo, sus estudiantes siguen entrando entre barro y calles deterioradas. No tiene sentido hablar de modernización educativa mientras los accesos a las escuelas continúan en condiciones indignas.
El debate de fondo no es solamente sobre pavimento. Es sobre el modelo de ciudad que se está construyendo. Una ciudad donde algunos sectores avanzan con vías nuevas, urbanizaciones modernas y contratos financiados plenamente, mientras otros esperan durante décadas por derechos básicos disfrazados de “gestiones futuras”. Pitalito necesita dejar de administrar el atraso y empezar a corregir las desigualdades territoriales que hoy separan a sus ciudadanos entre zonas visibles y zonas olvidadas.