¿Qué cambia con la Ley de Seguridad Ciudadana sancionada este martes?
La nueva norma sancionada por el mandatario señala que quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor de Derechos Humanos, a un menor de edad o a un periodista recibirá la pena más alta que contempla la ley para este tipo de delitos: hasta 58,3 años de prisión.
Paralelo a lo anterior, establece la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, al igual que la sostenibilidad del Registro de Identificación Balística.
«Esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger TransMilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Explicó que la ley “pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que la nueva norma es implacable contra la delincuencia.
Los puntos claves de la ley
1. La reincidencia se paga: la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.
3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
5. Se establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.
6. Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.
8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.
10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.
La Ley de Seguridad Ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. Precisamente esta ley fue presentada tras las manifestaciones que se sucedieron en 2021 en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por cerca de dos meses, en los que hubo reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.
Una de las principales críticas hacia la ley es que abre la puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia «contra injusta agresión», sin que posteriormente haya responsabilidad penal. Asimismo, contempla la «legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo».
Además, modifica el Código Penal para aumentar las penas para quienes cometan delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o personas defensoras de los derechos humanos, mientras que las penas para quienes afecten la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, transporte masivo e instalaciones militares o de Policía serán de 48 a 144 meses.
ama (efe, el tiempo dw.com)