La Contraloría argumentó que la medida cautelar fue solicitada para salvaguardar el patrimonio y la moralidad pública amenazada en la Empresa de Servicios Públicos. Polémica.
El suspendido gerente de las Empresas Públicas de Pitalito (Empitalito), Henry Liscano Parra, recurrió ayer a la tutela para frenar su separación transitoria del cargo.
La medida cautelar fue solicitada por el contralor Amaury Luis Flórez Reino mientras concluyen las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias que se adelantan por supuestas irregularidades develadas el año pasado.
Amparado en el principio constitucional de “verdad sabida y buena fe guardada”, el agente fiscalizador, bajo su responsabilidad, pidió la inmediata separación del cargo.
La medida se hizo efectiva el lunes pasado y en su reemplazo asumió, Carlos Alberto Martín Salinas, quien venía desempeñándose como Secretario de Educación.
“Como nominador he procurado actuar de manera responsable y garantista como me lo exige el ejercicio de la función pública”, explicó el alcalde Edgar Muñoz.
Sin embargo, atendiendo la solicitud de la Contraloría decidí encargar en su reemplazo al ex alcalde Carlos Alberto Martín, quien con su experiencia garantizará el buen funcionamiento de la entidad”, aseguró.
Martín asumió ayer el cargo, pero temporalmente. Aunque el mandatario anunció que habría rotación en este cargo, ayer, se reversó esa medida.
La tutela
Para frenar su separación del cargo, como ocurrió recientemente con el gerente del Terminal de Transporte, Liscano decidió recurrir a la tutela. El recurso de amparo fue radicado ayer, argumentando violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
“Se afecta el derecho de defensa, cuando sin mediar oportunidad alguna y después de haber colaborado con las auditorías realizadas, se le suspende del ejercicio del cargo y se lo expone públicamente como un servidor corrupto que no merece continuar en un importante cargo público”, alegó el abogado William Alvis.
“Se ha causado un injusto y grave daño además al derecho al trabajo, a la honra y buen nombre de Liscano Parra, al haberlo suspendido y expuesto en la picota publica como un servidor corrupto, sin siquiera haberlo escuchado, mucho menos vencido”, remató.
Liscano, según la tutela, no ha sido escuchado en versión libre en ninguno de los cinco procesos de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría en marzo pasado en desarrollo de los hallazgos encontrados durante la auditoría exprés, atendiendo cinco denuncias ciudadanas.
Además, el contralor no hizo mención alguna sobre la intención de Henry Liscano en obstruir la fiscalización o los procesos de responsabilidad fiscal. Tampoco precisa la existencia de maniobras evasivas u obstructivas por parte del funcionario relevado.
Razones fundadas
“La Contraloría podrá exigir bajo su responsabilidad, la suspensión inmediata de los funcionarios que estén siendo investigados fiscalmente o contra aquellos que se adelanten procesos penales y disciplinarios, para evitar que la permanencia en el cargo del funcionario involucrado perturbe la transparencia de la investigación, dificulte la tarea de fiscalización o comprometa aún más los bienes del Estado y la moralidad pública”, explicó Flórez Reino.
“Pienso que ese es el criterio que tuvimos en cuenta. Esta fue una medida cautelar, soportada en la normatividad vigente, en los principios de la contratación, de la gestión fiscal y de la función pública, fue una medida cautelar, no sancionatoria para proteger el patrimonio público y defender la moralidad pública”, insistió.
“La tutela es un legítimo derecho, eso brindará la seguridad jurídica, pero además servirá para que haya suficiente claridad sobre la aplicación de este postulado constitucional que pocas veces se usa”, afirmó.
“La solicitud de suspensión, añadió, se adoptó como una medida preventiva, acorde con los compromisos que adquirimos de hacer un control efectivo y oportuno, nada saca un ente de control que lo haga diez años después. Sería irrisorio”.
Enorme riesgo
“Mantenerlo en el cargo constituía un riesgo. Esa fue la consideración que tuvo el despacho, un riesgo al patrimonio público, se continuaban ejecutando los contratos, por ejemplo, en el programa de ornato, cuyos dineros públicos no se podían invertir en ornato y sin embargo, los seguía ejecutando, agravando el posible detrimento”, explicó Flórez Reino.
De hecho, según los resultados de la auditoría, hubo reparos que se hicieron en su momento con fundamento, pero no lograron neutralizar su ejecución.
El proyecto de ornato comprendía dos fases. El plan de ejecución se dividió en cinco sectores y por lo tanto se fraccionó en cinco contratos con el mismo fin, utilizando indebidamente recursos de servicios públicos. Los contratos fueron adjudicados sin las apropiaciones ni disponibilidad presupuestal, sin el registro presupuestal, pero sin haberlos firmado y legalizado.
Según la reglamentación, el servicio público de aseo no incluye el servicio de embellecimiento y ornato, lo que significa que se desviaron recursos para otras actividades ajenas al servicio público.
Sin embargo, la entidad los sigue ejecutando. Estas inversiones se realizan en bienes públicos que no son bienes de la empresa y por lo tanto que no le generan ninguna rentabilidad. “Por el contrario, disminuye con ello los recursos que la empresa debe destinar para ensanche y optimización de los servicios públicos. Tampoco se tiene en cuenta los principios de la función administrativa que debe obrar en todas las actuaciones, principalmente en la eficacia que debe observarse en el manejo de los recursos públicos, en este caso, en el mejoramiento de los servicios públicos”.
El Decreto presidencial 2981 de 2013 que reglamenta la prestación del servicio público de aseo, establece que estas actividades no incluye el embellecimiento y el ornato. La empresa no tuvo en cuenta esa normatividad y pese a las observaciones, lo siguió ejecutando.
Detrimento
La Contraloría configuró la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 554.89 millones que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en los contratos celebrados, sin el cumplimiento de los requisitos.
Y para rematar, el lanzamiento del proyecto por 14.86 millones, fue imputado ilegalmente al rubro de estímulos y bienestar social, pagos convención colectiva, para asistentes al evento y no para los empleados de la empresa.
La misma situación ocurrió un contrato de suministro de comida por 30 millones de pesos.
El contrato para el suministro de refrigerios, pasabocas o comidas para eventos de la empresa de servicios públicos se celebró sin justificación, pero con recursos destinados para programas de estímulos.
“La entrega de alimentos, según el órgano de control, no tiene relación directa con el desempeño laboral, por lo tanto, generó una pérdida de recursos públicos en cuantía de 30 millones de pesos”, concluyó.
“A pesar de las advertencias sobre la ilegalidad de ejecutar esos recursos en labores de ornato, se siguen ejecutando agravando el despilfarro de los dineros públicos, destinados para el mejoramiento de los servicios públicos.
Polémica sede
Lo mismo ocurrió con la construcción del ‘edificio inteligente’ la sede administrativa de varios pisos, en los antiguos expendios de carne.
Los diseños fueron contratados en agosto de 2018 durante la anterior administración. El contrato de obra No. 304 de 2019 fue celebrado el 26 de noviembre de 2019 con el consorcio Fachada Empitalito SAS por valor de 803.31 millones.
El contrato de interventoría por $53,67 millones de pesos con el ingeniero Juan Manuel Tobar Murcia. Los dos contratos sumaron $856,99 millones de pesos.
El 3 de enero de 2020, dos días después de su posesión, Liscano suspendió el contrato.
El 7 de mayo el personero laboyano, Hernando Reyes, denunció posibles irregularidades en este contrato de remodelación financiado con recursos de un crédito por, 1.077 millones de pesos, con la pignoración de rentas, que la administración sigue pagando a Infihuila.
Aunque la Contraloría advirtió la parálisis del proyecto y el posible detrimento patrimonial, el funcionario siguió adelante con la iniciativa con un nuevo diseño.
Adicionalmente, el 4 de marzo, el alcalde Edgar Muñoz, descartó el proyecto, al estimar que esa no era una prioridad, y le pidió a la junta directiva el archivo de la iniciativa.
“No vamos a endeudar a los laboyanos para financiar esta obra del edificio”, declaró Muñoz Torres, al término de una ‘movida’ junta directiva.
No obstante, Liscano, pese a la posición del alcalde siguió adelantando un crédito para financiar el proyecto. La semana pasada, antes de conocerse la suspensión, el funcionario adelantaba los últimos trámites en Bogotá.
Los procesos
El primero de marzo fue abierto el primer PRF-No.05 de 2021 por el contrato de prestación de servicios No.055/2020, prestar los servicios de comida y logística para los eventos
El PRF-06 fue abierto el 5 de marzo por contrato de Remodelación de la fachada de la sede principal de las Empresas Públicas.
El PRF-07 fue abierto el 5 de marzo el contrato de prestación de servicios No.132 de 2020, asesoría profesional para la revisión del proceso de planeación y elaboración del plan estratégico de la empresa.
El PRF-015 fue abierto el 26 de marzo contrato 122 de 2020 suscrito con Carlos Guillermo Rodríguez y otros dos sobre el proyecto de ornato.
Tomado de Periódico La Nación.