La Fiscalía acusará formalmente al alcalde de Pitalito – Huila, Miguel Antonio Rico Rincón, por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, ante el Juzgado 2° Penal municipal, por hechos ocurridos el 6 de abril del año 2017, señalado por el ente acusador como uno de los determinadores del crimen del abogado y líder social Luis Gerardo Ochoa Sánchez, que fue sorprendido en su oficina ese día, donde un sujeto ingresó y le disparó causándole la muerte.
El alcalde contaba con el beneficio de prisión domiciliaria como medida preventiva luego de haber sido detenido en julio del año 2018, la cual le fue revocada el 11 de febrero de 2019 por decisión de un juzgado del circuito de Neiva.
La Fiscalía ha vinculado a 12 personas (10 detenidas) con estos hechos que estarían relacionados con la construcción de una ciudadela para los feligreses de una iglesia cristiana en Pitalito; proceso en el cual varios de ellos detectaron anomalías y por ello contactaron a la víctima para que adelantara un proceso por estafa y otros, ya que se sentían engañados debido a que el lote, había sido vendido a una constructora que nada tenía que ver con el proyecto.
Según las autoridades días antes del homicidio, Ochoa Sánchez habló con el mandatario local sobre el tema, para advertirle sobre las irregularidades detectadas, ya que él ya había presentado el proyecto ante la comunidad. De esto tiene pruebas la Fiscalía, además de los testimonios de dos de los autores materiales, entre otros elementos.
Es así como del total de los vinculados, una sola persona ha sido condenada, a 8 años y 10 meses de prisión, se trata de Eduardo Villanueva Murcia, quien aceptó haber servido de campanero.
Los otros acusados quienes se encuentran a la espera de la audiencia preparatoria de juicio son Mauricio Murcia Orjuela, quien presuntamente disparó contra la humanidad del abogado. Los acusados como autores intelectuales, Mauricio Parra Rodríguez, propietario de la constructora que compró el lote, investigado también por el caso Surtifruver. César Alberto Sierra Avellaneda, socio de Parra Rodríguez. Edgar Núñez Guzmán, pastor de la iglesia y quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de Planeación Municipal. Luis Mario Colorado Rodas, vicepresidente de una fundación que también se vio involucrada en la presunta estafa.
Como materiales, Jeferson Polo Mejía, quien se haría pasar por víctima y el día de los hechos acordó una cita con el abogado para entregarle una documentación. Stwar Sterling Santacruz, quien condujo el vehículo en el que huyó el campanero (Villanueva Murcia). Campo Elías Salas Murcia, encargado de guardar el vehículo y la moto. Mauricio Ortiz Parra, intermediario entre los determinadores y los autores materiales. Héctor Alexis Flórez Hurtatis, señalado de conducir la moto en la que huyó el presunto sicario (Murcia Orjuela), quien se encuentra libre pero vinculado al proceso.