La contraloría del Huila estimó un cuantioso detrimento patrimonial en la contratación en la entidad especialmente en proyectos de ornato, la polémica remodelación de la sede y desviación de recursos para fines distintos a los oficialmente reglados.
La Contraloría del Huila no solo confirmó las denuncias ciudadanas sobre irregularidades en contratación en la empresa de servicios públicos de Pitalito (Empitalito), sino que encontró nuevos hallazgos.
El examen preliminar puso en evidencia la desviación de recursos, la doble contratación, la indebida celebración de contratos y, posiblemente, conductas de peculado por aplicación oficial diferente. Los hallazgos fueron develados después de una rigurosa auditoría exprés, promovida por el contralor departamental del Huila, Amaury Luis Flórez y su jefe de responsabilidad fiscal, Roberto Carranza.
Aunque la evaluación tiene otra fase de validación y contradicción y puede ser objeto de un nuevo debate probatorio, sus alcances, son representativos. Entre otros, confirma la doble contratación de una remodelación ‘embolatada’, financiada con recursos del crédito, que sin haber colocado un ladrillo, la administración viene pagando altos intereses y capital, mientras el anticipo sigue en el bolsillo del contratista.
También puso el ‘dedo en la llaga’ en un proyecto de ornato, financiado irregularmente con dineros del servicio de aseo; cuyas obras están ya deterioradas.
Remodelación
El más polémico, el proyecto de remodelación de la sede, actualmente paralizado, pero que genera un grave detrimento patrimonial. El proyecto arrancó a finales del 2018 y se consolidó horas antes de terminar la administración del ex alcalde Miguel Antonio Rico.
La empresa suscribió una consultoría para la remodelación de la sede de la entidad. El contrato fue firmado en agosto de 2018 por la gerente de la época Liza Adriana Carvajal con el arquitecto César Alejandro Avilés Vélez por un valor de 30 millones de pesos, con un plazo de ejecución de dos meses.
Con esos diseños, la ex gerente de la entidad, al final del mandato, adjudicó a dedo la ejecución de la remodelación, en la vieja estructura, donde antiguamente, funcionaban los expendios de carne. La funcionaria faltando un mes y cuatro días para finalizar el periodo de gobierno del alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, adjudicó el contrato de obra 304 de 2019 para la remodelación de la fachada de la sede principal de empresas públicas por valor de 803.31 millones.
La propuesta presentada en una invitación privada de oferta fue adjudicada mediante Resolución 481 del 21 de noviembre de 2019. Puro maquillaje El contrato fue celebrado el 26 de noviembre de 2019 con el consorcio Fachada Empitalito SAS 2019 con un tiempo de ejecución de 10 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Ese mismo día suscribió el contrato de interventoría por $53,67 millones de pesos con el ingeniero Juan Manuel Tobar Murcia. Los dos contratos sumaron $856,99 millones de pesos.
El acta de inicio se firmó el 23 de diciembre, una semana antes de terminar el periodo. Ese mismo día, le otorgó un anticipo por valor de 321.32 millones correspondiente al 40% del valor de contrato. El 31 de diciembre, el último día de la administración de Rico Rincón, la Secretaría de Planeación, le otorgó la licencia de construcción.
El 3 de enero de 2020, en la nueva administración el gerente recién posesionado, se reunió con los contratistas, y antes de pegar el primer ladrillo, suspendió la obra. Ese día se firmó la primera suspensión, argumentando como justificación la necesidad de revisión de los diseños inicialmente contratados y fijando como plazo de la suspensión de tres meses. En su criterio, la remodelación, en una vieja edificación, donde funcionaron los expendios de carne, era “botar la plata”. En su opinión, la pomposa remodelación, proyectada a la carrera, y con el sol en las espaldas, era un “maquillaje”. El funcionario paró la obra y anunció que la sede principal sería un “edificio inteligente”.
Doble contratación
El nuevo gerente celebró otro contrato de prestación de servicios número 131 el 11 de marzo de 2020 con la firma Arquitectos Bejarano Constructora SAS por valor de 149.8 millones con un plazo de ejecución de cuatro de cuatro meses y 15 días.
Contemplaba los mismos componentes previstos en el estudio y diseño para la construcción del edificio de la sede principal Lo que no se había dicho, es que la cuestionada remodelación, actualmente congelada, contrario a lo que se afirmaba, estaba financiada con un crédito externo. La obra se financiaría con los recursos de un empréstito por valor de 1.077 millones otorgado por el Infihuila a una tasa de interés del DTF+ 2 por ciento y un plazo de 12 meses. De este valor se ha realizado un desembolso de 840 millones de pesos los cuales se iniciaron a pagar en el mes de octubre de 2019. Aunque la obra nunca arrancó, la entidad sigue cancelando las obligaciones financieras producto del crédito adquirido para financiar la obra. Hasta el mes de abril la entidad había cancelado 23.85 millones por concepto de intereses y 490 millones de pesos por concepto de capital.
“Lo anterior permite concluir que la empresa de servicios públicos ha cancelado intereses por un dinero procedente de recursos de crédito que aún no cumple el fin para el cual fue adquirido”, destaca el informe preliminar de la Contraloría. La obra fue suspendida el 3 de enero, por tres meses. Vencido el plazo nunca se amplió y está al garete.
“En este caso la Contraloría encontró deficiencias administrativas en ejecución de recursos públicos asignados que tiene como efecto que los mismos no generen beneficios para la comunidad en cumplimiento de los principios de la función administrativa de eficiencia y eficacia en la ejecución de los dineros oficiales”.
Además, hay una “indebida gestión por fallas en la planeación administrativa” al adquirir unos recursos del crédito para financiar la ejecución de una obra que no se ha iniciado su ejecución y está pagando las obligaciones financieras.
Detrimento patrimonial
La Contraloría en principio determinó la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 23.85 millones de pesos que corresponde al valor de los intereses pagados a la integridad hasta la fecha de visita de campo por un empréstito adquirido y que no cumple con el fin propuesto.
“Contratar dos veces una misma actividad afecta, sin duda, el patrimonio público razón por la cual presuntamente se incurre en la violación de los principios de planeación y transparencia conforme lo establece el manual de contratación de la empresa”, expresó el equipo auditor en el informe preliminar.
Polémico ornato La campaña de ornato, denominada “Pitalito Limpio y Bonito”, lanzada con bombos y platillos, el 7 de marzo, resultó otro fiasco.
El proyecto comprendía dos fases cuyo plan de ejecución se dividió en cinco sectores y por lo tanto cinco contratos con el mismo fin. El gerente de la entidad, Henry Liscano, suscribió en efecto los contratos 036 firmado el 21 de enero de 2020; 118 el 3 de marzo; 122 y 123 el 4 de marzo; 128 el 6 de marzo y 135 el 18 de marzo. Liscano Parra celebró el contrato 122 con Carlos Guillermo Rodríguez Rengifo por 583.21 para la instalación y aplicación de bioinsumos y material en los parques; El contrato 123 fue firmado el 4 de marzo del 2020 con el señor Jorge Eliécer Hurtatis Artunduaga por valor de 335 millones de pesos para el mantenimiento a todo costo de áreas públicas.
Revisado el avance y ejecución del contrato 123 la Contraloría evidenció que la pintura de alto tráfico presenta un estado de deterioro: los bordillos en separadores no fueron reparados y se aplicó la pintura sin haber realizado la debida rehabilitación.
Asociado a lo anterior celebró el contrato 135 suministro de vallas informativas y seguridad móviles y fijas reflectivas celebrado con Jorge Eliécer Hurtatis el 18 de marzo de 2020 por un valor de 27.9 millones.
Hechos cumplidos
Las actividades se iniciaron sin que previamente se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de la contratación pública tales como las apropiaciones presupuestales, sin certificados de disponibilidad presupuestal, sin la suscripción del respectivo contrato, sin la expedición del registro presupuestal y demás documentos propios de legalización del contrato. Los contratos 122 el 4 de marzo de 2020 y 123 y 135 iniciaron antes de realizar el debido proceso contractual incurriendo probablemente en una legalización de hechos cumplidos, según la evaluación fiscal.
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Hechos cumplidos
Adicional a esto, según la reglamentación del servicio público de aseo, no incluye el servicio de embellecimiento y ornato, lo que significa que se desviaron recursos para otras actividades ajenas al servicio público La empresa Empitalito, presuntamente no realizó un juicio su estudio de planeación precontractual contractual identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia. La Contraloría en principio encontró la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 554.89 millones que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en los contratos celebrados dentro del proyecto Pitalito, Limpio y Bonito. El Decreto 2981 de 2013 artículo 14 establece que las actividades del servicio público de aseo no incluye el servicio de embellecimiento y ornato.
Tampoco se incluye el corte de césped de los ante jardines. En el presupuesto de empresas públicas no detalla apropiación presupuestal para actividades de ornato ni está especificado en el acuerdo que adoptó el presupuesto.
Asimismo encontró la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 43 millones que corresponde al valor de los recursos públicos contratados para la prestación de los servicios profesionales para la realización de un proyecto cuyas actividades no están contempladas dentro de los servicios que debe realizar la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito aunado al hecho de que se realizó la aplicación oficial diferente de recursos, igualmente censurable penal y disciplinariamente. Desviación de recursos Y para rematar, la Contraloría también encontró falencias en otro contrato de apoyo para el lanzamiento del proyecto de embellecimiento. El Contrato 128 del 5 de marzo fue suscrito con Francisco Javier Castaño Cárdenas para el apoyo logístico.
Costó 14.86 millones. El contrato fue imputado al rubro de estímulos y bienestar social, pagos convención colectiva, según el certificado expedido por la supervisora del contrato. La entidad entregó 350 meriendas a Diana Constanza Robayo en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Pinos y secretaria de la Asociación de Presidentes de Juntas Comunales de la Comuna Uno.
“Lo anterior implica que el contrato se dirigió a una actividad de lanzamiento de un programa de la entidad y no a los empleados de la empresa tal como lo determina el Decreto 1567 de 1998. La norma regula la capacitación y sistema de estímulos para los empleados del estado, reglamenta el bienestar social y los programas de bienestar social para mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado. En este caso, según la misma Contraloría, puede presentarse peculado por aplicación oficial diferente.
Además, en principio, determinó la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 14.86 millones que corresponde al manual de los recursos públicos cancelados en contravía al parecer de las normas de austeridad del gasto aunado al hecho de que se realizó la aplicación oficial diferentes de los recursos expresamente prohibido en el estatuto penal Refrigerios La empresa celebró contrato de prestación de servicios número 55 7 de febrero de 2020 con Olga Patricia Ortiz Torres por valor de 30 millones cuyo objeto era servicios de comida y logística para eventos de las empresas públicas con un plazo de ejecución de 10 meses o hasta que agoten existencias. El contrato para el suministro de refrigerios, pasabocas o comidas para eventos de la empresa de servicios públicos se celebró sin que se encuentre justificación para ello.
En el examen preliminar, el organismo de control establece la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 18.8 millones de pesos que corresponden al valor de los recursos públicos cancelados por el supuesto suministro de refrigerios, pasabocas o comidas a la empresa, contraviniendo las normas de austeridad. Adicionalmente, el equipo auditor consideró que en este caso, “se observa una presunta violación del principio de selección objetiva a posible celebración del contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, con efectos penales y disciplinarios.
Articulo escrito por RICARDO AREIZA LANACIÓN.COM.CO
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