La bola de nieve apenas empieza a rodar. En medio del nuevo escándalo por espionaje que sacude a Colombia, la Fiscalía inició este lunes una investigación formal sobre las interceptaciones ilegales a magistrados, políticos de oposición y periodistas por parte de militares que se conocieron este fin de semana. El fiscal general encargado, Fabio Espitía, también le pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia –encargada de algunos servidores públicos con fuero– que abra una investigación contra el general Nicasio Martínez, el cuestionado excomandante del Ejército que renunció en diciembre aduciendo razones familiares.

«Es una información que la Fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios», aseguró Espitía al anunciar la indagación en una rueda de prensa cerca del mediodía de este lunes. De acuerdo con las denuncias de la revista Semana, la salida de Martínez el pasado 27 de diciembre se produjo por el nuevo escándalo de escuchas ilegales, conocidas coloquialmente en Colombia como chuzadas, que fue ordenado y realizado desde instalaciones militares. Esa era “una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”, según el reportaje. Los oficiales, que a lo largo del año pasado entregaron información a la prensa sobre diversos hechos de corrupción de las fuerzas armadas, también fueron blancos de seguimientos, de acuerdo con el reportaje titulado “Chuzadas sin cuartel”, que ha provocado un terremoto político en el país andino.

Durante el año que estuvo en el cargo, Martínez fue duramente cuestionado por su papel en el regreso del fantasma de los llamados “falsos positivos” y las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate. En un comunicado que dio a conocer este mismo lunes el periódico El Tiempo, el exjefe del Ejército, en su primera reacción después de la publicación, asegura que su «dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable». Sostiene que su retiro se produjo por una decisión personal y anuncia que agotará «los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido».

Tras darse a conocer esta información, el presidente Iván Duque tomó distancia del escándalo. El Ejecutivo afirmó que desconocía esas acciones y pidió sanciones para los responsables. «De hallarse que hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar», señaló el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del Ejército, general Eduardo Zapateiro, el relevo de Nicasio Martínez.

“Ahora lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad (…) y esa verdad, que es de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal, se conseguirá a través de las investigaciones que deben adelantar las entidades competentes», subrayó Trujillo, un curtido político y diplomático del Centro Democrático, el partido de Gobierno. El excanciller asumió la cartera de Defensa en noviembre luego de la salida de Guillermo Botero, ante una inminente moción de censura en el Congreso. Recién llegado al cargo ordenó una auditoria al aparato de inteligencia, pero desconocía las denuncias puntuales, aseguró.

Según el semanario, una de las fuentes militares involucradas recibió la orden de que la información obtenida mediante el seguimiento a la magistrada Cristina Lombana tuviera como destinatario a «un reconocido político del Centro Democrático», el partido fundado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, mentor político del presidente Duque. Interrogado acerca de si el Gobierno conocía el nombre de ese político, Trujillo sostuvo que «lo único que se conoce es el escrito de la revista Semana. Las circunstancias, los nombres, los hechos, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se produjeron esos hechos ilícitos se esclarecerán a raíz de las investigaciones que se adelanten».

Las sospechas sobre escuchas ilegales no son nuevas. Varios magistrados han manifestado que creen que los han estado espiando, y los senadores de oposición Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron el pasado junio que eran víctimas de interceptaciones ilegales con el propósito de hacerles un «montaje judicial». El propio Barreras señaló este lunes en varias entrevistas que tanto el Gobierno como la Fiscalía conocían los seguimientos. “Personalmente denuncié estos hechos ante el presidente de la República el 6 de julio de 2019 y ante Fiscalía amplié esa denuncia el 29 de agosto. ¿Cómo así que ‘solo se tuvo conocimiento’ cuando leyeron Semana? Si lo niegan, si lo ocultan, ¿qué garantía hay de que desmantelen esos aparatos?”, afirmó en un mensaje de Twitter.