Las personas que se encuentran en estado de pobreza cuando son víctimas de algún delito desde violencia doméstica, robo, estafas, violación o cualquier otro ilícito a su persona, familia o bienes les es mucho más difícil el acceso a la justicia que a cualquier otro sector social.
Las razones van desde no poder pagar abogados, pericias, transportes a tribunales y otras instituciones que requieren ir y muchas veces están lejos, entre otros gastos que implican este tipo de acciones.
Otro problema común es la menor importancia que a veces la policía, jueces, fiscales les dan a las causas que involucran a personas pobres.
La falta o limitada educación hace que sea complicado comprender como funciona el sistema judicial, conocer ciertos acciones y derechos a los pueden acceder o exigir por lo que si alguien no se los informan, ellos lo ignoran y los puede perjudicar en su caso o problema.
El acceso a la justicia es un derecho humano al que todas las personas deberían poder acceder sin importar su condición económica, pero esto es limitado por las causas anteriormente expuestas.
Los sectores sociales menos favorecidos o pobres muchas veces son blancos más fáciles por parte de la delincuencia ya que saben la poca capacidad que tienen para poder reponerse del delito que fueron víctimas, así como también el escaso acceso a un medio de comunicación para hacer público su problema y de esta manera lograr una mejor resolución del mismo.
Obtener justicia nos es gratis, por lo que los pobres no están en igualdad de conseguirla con respecto a otros miembros de la sociedad.
Los estados deben brindar y establecer mecanismos para que los pobres puedan tener acceso a la justicia cuando son víctimas de un delito y poder tener el resarcimiento en caso de ser posible o simplemente la tranquilidad de que se logró justicia.
Fuente; www.pobrezamundial.com
