Esta es una norma que busca garantizar la igualdad de condiciones en procesos electorales, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones.

A partir de esa fecha, se inician restricciones por los comicios presidenciales. Así, queda prohibido celebrar contratos directos, salvo las excepciones de ley. 

Dentro de estas se encuentran las contrataciones para defensa y seguridad, crédito público, emergencias educativas, sanitarias o desastres, reconstrucción de vías e infraestructura, por mencionar algunas.

Así las cosas, desde el 29 de enero de 2022 no se podrán celebrar o renovar, por ejemplo, contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.

Las restricciones de la Ley de Garantías irán hasta que se elija Presidente de Colombia.

Vale recordar que el 29 de mayo 2022 se realizará la primera vuelta de las elecciones, momento en el cual se terminarán los vetos a contratación, siempre y cuando el nuevo jefe de Estado sea elegido en dicha instancia.

Si las elecciones deben ir a una segunda vuelta, las restricciones se extenderán hasta el 19 de junio de 2022.

La Ley de Garantías electorales incluye otras restricciones paralelas a las antes mencionadas, como la prohibición de inaugurar obras públicas durante los cuatro meses anteriores a la contienda electoral.

Normalmente, tampoco se podrían realizar convenios interadministrativos entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, pero el Congreso aprobó suspender este punto en la más reciente reforma tributaria.

En su momento, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que este cambio tiene el propósito de crear más empleo y mantener la senda de reactivación económica.

“Estamos contribuyendo a que (…) se permitan estos convenios para que llegue inversión a escuelas públicas, para que haya una obra de vía terciaria o que la energía llegue al sector rural”, anotó.