El abogado de Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, la venezolana con vínculos en el Sur de Florida acusada de ayudar a organizar la incursión militar desde Colombia, le solicitó a los fiscales colombianos que nombren a Guaidó y al General Mayor venezolano retirado, Cliver Alcalá Cordones, como co-conspiradores en el caso.

El general fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos en marzo y enfrenta cargos en una acusación por narcotráfico presentada contra Maduro y varios de sus principales colaboradores dentro del régimen.

En una breve entrevista telefónica realizada en diciembre desde el centro de reclusión en que se encuentra, Álvarez, 40, le dijo al Miami Herald y al Nuevo Herald que ella era solo una traductora que se vió atrapada en una situación mucho más compleja y peligrosa de lo que ella pensaba y que temía por su vida.

Ahora en un reportaje audiovisual de 7 minutos,  titulado “¿Cuál fue el verdadero papel de la inteligencia colombiana en la llamada ‘operación Gedeón’ con la que pretendían derrocar a Nicolás Maduro?”, el medio colombiano difundió  las declaraciones de Yacsi Álvarez, quien identificó a Franklin Sánchez como el funcionario de la DNI que le daba indicaciones constantemente para cuidar su seguridad durante el período de entrenamiento de los mercenarios, y que fue el mismo que luego la engañó citándola a un lugar para que fuera detenida con la conveniente presencia de medios de comunicación. 

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La fiscalía en Colombia no respondió de inmediato a pedidos de que se pronunciara sobre la moción legal.

Alcalá ha reconocido haber participado en la conspiración con militares insurgentes venezolanos para incursionar dentro del país petrolero con la esperanza de propiciar un levantamiento interno dentro las Fuerzas Armadas contra Maduro.

Los ex soldados estadounidenses Luke Denman y Aidan Berry fueron capturados en la conspiración, conocida como Operación Gedeón, que dejó seis muertos y condujo a decenas de arrestos.

Denman y Berry habían sido contratados por la firma de seguridad radicada en Florida, Silvercorp USA, perteneciente al ex boina verde Jordan Goudreau, quien firmó contratos con el equipo de Guaido para brindar servicios de entrenamiento a los militares insurgentes y para brindar servicios de seguridad dentro de Venezuela una vez que Maduro fuese derrocado.

Goudreau presentó una demanda por incumplimiento de contrato en el sur de Florida contra representantes del gobierno interino de Guaidó.

Indica el Diario que : Alcalá enfrenta grandes problemas legales en Estados Unidos, siendo acusado por el Departamento de Justicia de que aceptó sobornos a nombre del régimen de Maduro para permitir el envío de cocaína a través de Venezuela por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupación guerrillera designadas por Washington como una organización narcoterrorista.

Los eventos en Colombia pueden presentar un reto para la nueva administración Biden. Durante su audiencia de confirmación, el Secretario de Estado Anthony Blinken, dijo que estaba de acuerdo con la opinión de su predecesor de que la Asamblea Nacional de Venezuela bajo control de la oposición era un poder público legítimo de Venezuela, aunque no llegó a respaldar totalmente a Guaidó.

El joven legislador venezolano fue ungido por la administración Trump como el verdadero presidente de Venezuela, pero su posición dentro del país es muy precaria en medio de las fisuras internas de la oposición.

Si Carranza logra vincular a Guaidó en el caso de la fiscalía, la situación podría tornarse embarazosa. Una serie de artículos de investigación del Nuevo Herald y su empresa matriz McClatchy han revelado que algunos miembros de la administración Trump estaban al tanto de los esfuerzos para derrocar a Maduro, y que los conspiradores habían sido infiltrados desde el principio por espías del régimen de Maduro, tanto es así que algunos de los rebeldes que desembarcaron en barcos en Venezuela fueron conducidos de inmediato hacia la masacre.

También podría demostrar ser embarazoso para el presidente colombiano, Iván Duque, uno de los más importantes aliados de Guaidó. Duque acusó públicamente a Álvarez de participar en un complot para desestabilizar a Colombia, en vez de a Venezuela. Algunos de los actores que participaron en la incursión le dijeron al Miami Herald y a McClatchy que el servicio colombiano de inteligencia también tenían conocimiento previo de que la incursión estaba siendo planificada.

Los dos estadounidenses capturados fueron luego condenados a 20 años de prisión en Venezuela y son objeto de los esfuerzos por negociar su liberación emprendidos por el exgobernador demócrata de Nuevo México, Bill Richardson.

Álvarez, por su parte, es una mujer misteriosa. Es dueña de una casa en Tampa, pero tiene poca presencia en las redes sociales o en los registros de la Florida.

Los soldados que se entrenaron en Colombia para el fallido golpe de Estado dijeron que Álvarez era una persona muy cercana a Alcalá, tanto así que se referían a ella como la sobrina del general.

Su abogado, Carranza, dijo que su empleador, el adinerado empresario venezolano Franklin Durán, fue quien le presentó Alcalá a Álvarez en la ciudad colombiana de Barranquilla. Durán, por su parte, no está libre de controversias. Cumplió una condena en el sur de Florida por su participación en el sonado caso del maletín incautado con dinero venezolano dirigido a políticos argentinos.

Cuando fue detenida en Barranquilla en septiembre, Álvarez fue acusada de importar y distribuir ilegalmente armas y vestimenta militares, y de participar en actividades de adiestramientos para actividades ilícitas.

Su abogado alega que el gobierno de Colombia estaba al tanto de los campos de entrenamiento, desde la presidencia hacia abajo, y que está tratando de convertir a Álvarez en un chivo expiatorio cuando todo lo que hizo fue servir de interprete para Alcalá y Goudreau.

En una audiencia realizada el miércoles en Bogotá, un juez advirtió que el caso en toda probabilidad será trasladado a una provincia más cercana al sitio donde los presuntos crímenes ocurrieron. Álvarez fue arrestada junto a tres hombres vinculados al frustrado golpe. Un abogado representando a esos tres hombres anunció que él estaba en conversaciones con la fiscalía explorando la posibilidad de un acuerdo, algo que no está en los intereses de Álvarez.

“Ella va a demostrar su inocencia en el juicio”, Carranza informó al juez, al notificar que su clienta no está interesada en llegar a ese tipo de arreglo con la fiscalía.