la unidadinvestigativa@lanacion.com.co denuncó el hecho.

Confirmado.  Los proyectos de ornato, remodelación de la sede administrativa y elaboración del plan estratégico de Empresas Públicas de Pitalito (Empitalito), entre otros, no fueron funcionales ni transparentes.

Una auditoría final realizada por la Contraloría del Huila configuró finalmente ocho hallazgos administrativos con incidencia fiscal por un presunto detrimento patrimonial en cuantía de1.782 millones de pesos  de pesos.

Además, confirmó tres hallazgos con posible incidencia penal por desviación de recursos públicos; seis con alcance disciplinarios y un hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria por el festín de contratos adjudicados a dedo, en los primeros meses de su administración.

Aunque el gerente de la entidad, Henry Liscano hizo un esfuerzo por justificar las contrataciones por fuera del marco legal, el contralor Amaury Luis Flórez Reino, confirmó los resultados finales de la auditoría exprés realizada en la empresa de servicios públicos de Pitalito.

El funcionario destapó una posible desviación de recursos, además de doble contratación, la indebida celebración de contratos y, posiblemente, conductas de peculado por aplicación oficial diferente.

Pura fachada

La empresa contrató una consultoría para la remodelación de la sede de la entidad, ubicada en los antiguos expendios de carne.

El contrato fue firmado en agosto de 2018 por la gerente de la época Liza Adriana Carvajal con el arquitecto César Alejandro Avilés Vélez por un valor de 30 millones de pesos, con un plazo de ejecución de dos meses.

Faltando un mes y cuatro días para finalizar el periodo de gobierno del alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, adjudicó el contrato de obra 304 de 2019 para la remodelación de la fachada de la sede principal de empresas públicas por valor de 803.31 millones.

El contrato fue celebrado el 26 de noviembre de 2019 con el consorcio Fachada Empitalito SAS 2019 con un tiempo de ejecución de 10 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio.  Ese mismo día suscribió el contrato de interventoría por $53,67 millones de pesos con el ingeniero Juan Manuel Tobar Murcia. Los dos contratos sumaron $856,99 millones de pesos.

El acta de inicio se firmó el 23 de diciembre, una semana antes de terminar el mandato. Ese mismo día, le otorgó un anticipo por valor de 321.32 millones correspondiente al 40% del valor de contrato.

El 31 de diciembre, el último día de la administración de Rico Rincón, la Secretaría de Planeación, le otorgó la licencia de construcción.

Suspendida

El 3 de enero de 2020, un día después de posesionado el gerente Henry Liscano, se reunió con los contratistas, y antes de pegar el primer ladrillo, suspendió la obra y anunció que la sede principal sería un “edificio inteligente”.  Ese día firmó la primera suspensión, argumentando como justificación la necesidad de revisión de los diseños inicialmente contratados y fijando como plazo de la suspensión de tres meses. Nunca se renovó.

El 7 de mayo el personero laboyano, Hernando Reyes,  denunció posibles irregularidades en este contrato de remodelación financiado con recursos de un crédito por, 1.077 millones de pesos, con la pignoración de rentas.

Aunque la obra nunca despegó, la entidad sigue pagando las cuotas del empréstito con Infihuila, pactado con una tasa de interés del DTF + 2% y un plazo de 12 meses. El crédito inició a pagarse desde octubre del año pasado.

“Lo anterior permite concluir que la empresa ha cancelado intereses por un dinero procedente de recursos del crédito que aún no cumple el fin para el cual fue adquirido, si se tiene en cuenta que la obra destino es tu recursos ni siquiera se ha iniciado. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal”, concluyó la Contraloría.

En estas condiciones, el contralor departamental, Amaury Luis Flórez, precisó en este caso, se demuestra la existencia de un presunto detrimento patrimonial, por 23,85 millones de pesos, que corresponde al valor de los intereses pagados al Infihuila.

Y en segundo lugar, otro presunto detrimento patrimonial cuantificado en 803,31 millones de pesos, correspondiente al valor del contrato, “dado que solo han pasado ocho meses de suscrita el acta de inicio y no se ha iniciado la ejecución de la obra, lo que puede tener iniciar un proceso sancionatorio”.

Doble contratación

Adicionalmente, el gerente Henry Liscano celebró un nuevo contrato de prestación de servicios número 131 el 11 de marzo de 2020 con la firma Arquitectos Bejarano Constructora SAS por valor de 149.8 millones para la realización de los nuevos diseños de la sede administrativa.

Se evidencia la existencia de una doble contratación por el mismo objeto. Además en el contrato 131 de 2020 nuevamente se contrataron productos como estudios de suelos diseño arquitectónico, diseño general, diseños y estudios hidrosanitarios presupuesto y especificaciones técnicas.

Aunque el gerente explicó que no se tuvieron en cuenta porque no se pensaba remodelar sino construir un edificio nuevo, el organismo de control confirmó el hallazgo administrativo con incidencia fiscal.

La auditoría concluyó que el funcionario contrató los nuevos diseños, antes de la consultoría que le permitiera determinar la necesidad de los nuevos diseños, lo que permite inferir que no hubo un diagnóstico previo que justificara la nueva contratación.

“Así las cosas, se puede determinar con claridad, que la empresa no desvirtuó la observación, configurando un detrimento patrimonial por 30 millones de pesos, que corresponde al contrato 192 de 2018, toda vez que su impacto fue nulo”.

Polémico ornato

La campaña de ornato, denominada  “Pitalito Limpio y Bonito”, lanzada con bombos y platillos, el 7 de marzo, resultó enredado.

El proyecto comprendía dos fases cuyo plan de ejecución se dividió en cinco sectores y por lo tanto en cinco contratos con el mismo fin.

El gerente de la entidad, Henry Liscano, suscribió en efecto los contratos 036 firmado el 21 de enero de 2020; 118 el 3 de marzo; 122 y 123 el 4 de marzo; 128 el 6 de marzo y 135 el 18 de marzo.

El contrato 122, el más voluminoso fue adjudicado a Carlos Guillermo Rodríguez Rengifo por 583.21 para la instalación y aplicación de bioinsumos y material en los parques.

El contrato 123 fue firmado el 4 de marzo del 2020  con el señor Jorge Eliécer Hurtatis Artunduaga por valor de 335 millones de pesos para el mantenimiento a todo costo de áreas públicas, con notorias deficiencias, no subsanadas.

También celebró con la misma persona el contrato 135 suministro de vallas informativas y seguridad móviles y fijas reflectivas por un valor de 27.9 millones.

Hechos cumplidos

Pese a que las actividades se iniciaron sin que previamente se hubiesen cumplido los requisitos de la contratación pública, lo grave fue el uso indebido de recursos.

Según la reglamentación del servicio público de aseo, no incluye el servicio de embellecimiento y ornato, lo que significa que se desviaron recursos para otras actividades ajenas al servicio público

Aunque el gerente defendió la legalidad de los actos administrativos, la Contraloría insistió en la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 554.89 millones que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en los contratos celebrados dentro del proyecto Pitalito, Limpio y Bonito.

“El ente de control-dijo- no hace alusión a la ilegalidad de los actos administrativos, sino a la inclusión de otras actividades como el ornato en el aseo, lo que no está permitido”.

“Por lo antes expuesto este ente de control considera que los argumentos esbozados por la empresa no desvirtúa la observación planteada. En consecuencia, se confirma como un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en la suma de 722,89 millones de pesos que corresponde a los pagos realizados a los contratistas e incidencia disciplinaria al ejecutar los gastos en el componente de aseo”.

Asimismo encontró la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en 43 millones que corresponde al valor de los recursos públicos contratados para la prestación de los servicios profesionales para la realización de un proyecto cuyas actividades no están contempladas dentro de los servicios que debe realizar la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito aunado al hecho de que se realizó la aplicación oficial diferente de recursos, censurable penal y disciplinariamente.

Ciclo paseo

El agente fiscalizador confirmó las falencias en otro contrato de apoyo para el lanzamiento del proyecto de embellecimiento y la organización de un ciclo paseo.

El Contrato 128 del 5 de marzo fue suscrito con Francisco Javier Castaño Cárdenas para el apoyo logístico. Costó 14.86 millones. El contrato fue imputado al rubro de estímulos y bienestar social, pagos convención colectiva, según el  certificado expedido por la supervisora del contrato.

La entidad entregó 350 meriendas a Diana Constanza Robayo en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Pinos y secretaria de la Asociación de Presidentes de Juntas Comunales de la Comuna Uno.

“Lo anterior implica que el contrato se dirigió a una actividad de lanzamiento de un programa de la entidad y no a los empleados de la empresa tal como lo determina la normatividad.

La irregularidad, según la misma Contraloría, puede configurar un peculado por aplicación oficial diferente. Además, confirmó la existencia de un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 14.86 millones.

El hallazgo administrativo fue ratificado con posible una posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal.

Refrigerios

La empresa celebró contrato de prestación de servicios número 55 7 de febrero de 2020 con Olga Patricia Ortiz Torres por valor de 30 millones cuyo objeto era servicios de comida y logística para eventos de las empresas públicas con un plazo de ejecución de 10 meses o hasta que agoten existencias.

El contrato para el suministro de refrigerios, pasabocas o comidas para eventos de la empresa de servicios públicos se celebró sin que se encuentre justificación para ello.

“En este orden, el suministro de comida y el servicio de logística no se compadece con el programa de estímulos permitidos por la normatividad. La entrega de alimentos no tiene relación directa con el desempeño laboral, por lo tanto generó una pérdida de recursos públicos en cuantía de 30 millones de pesos”, concluyó.

Plan estratégico

Liscano contrató a la firma Puentes Murcia y Asociados por 110 millones de pesos para realizar un “plan estratégico”, cuando las obligaciones del contratista se encuentran enmarcadas dentro de las funciones atribuidas a la Oficina de Planeación de la entidad.

“Por lo tanto se contrataron actividades que deben ser realizadas por el personal de planta de la entidad asignadas al Jefe de la Oficina de Planeación”, observó el organismo de control. Por este contrato se han realizado dos pagos por valor de 44 millones y le adeuda la suma de 66 millones.

“El plazo de ejecución inicial y su prórroga ya se cumplió el 12 de agosto por esta razones se concluye la posible existencia de un detrimento patrimonial por el valor del contrato por consiguiente se configura como un hallazgo administrativo con incidencia fiscal”, precisó el ente de control.

Finalmente la Contraloría revisó los 150 contratos suscritos con el mismo objeto a través de portales y emisoras locales, sin un plan de medios, sin parámetros de evaluación ni mediciones de los logros, y generalmente dedicado a promover la imagen personal del gerente y no los servicios de la institución.

Los hallazgos fueron remitidos al jefe de Responsabilidad Fiscal, Roberto Carranza para que inicie los procesos respectivos.

Investigación soportada en varios hechos y anuncios realizados por periodistas locales.