Colombia es el segundo país en América Latina con la inversión más alta en gasto militar.
Las Polemicas se encuentran entre quienes critican el proceso de paz y su costo y el gasto militar frente al costo de la construcción de una posible paz en Colombia que avanza a pasos lentos.
Mientras tanto se concentra la discución de la comunidad ahora frente a 1200 cargos nuevos de la procuraduria y los recursos que se encuentran extraviados en el caso Mintic en Colombia y varios temas de contratación militar con costos elevados e intereses desde cada uno de los sectores beneficiados con los procesos de contratatación.. por su parte el panorama es el siguiente:
A nivel mundial la inversión en defensa sufrió un incremento durante el año pasado a pesar de la coyuntura causada por el covid-19
El gasto militar mundial sufrió un incremento durante el año pasado pese a la difícil coyuntura causada por el covid-19. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), reveló que a nivel mundial la inversión en defensa creció hasta casi US$2 billones, lo cual representó un incremento de 2,6% si se toma como referencia lo invertido en 2019.
A nivel Latinoamérica, el panorama del gasto militar, a diferencia de los resultados mundiales, cayó 2,1% el año pasado. Esta ligera, pero importante reducción, está explicada porque el gasto de Brasil cayó 3,1% el año pasado; aún así, el país sudamericano sigue siendo la nación con más inversión en este rubro de toda Latinoamérica. La región alcanzó la cifra de US$43.500 millones relacionada con inversión militar.
Colombia también figuró dentro del ranking y ocupó el segundo lugar en la región con más gasto militar durante el año pasado. Según los datos de Sipri, el país tuvo una inversión de US$9.216 millones en 2020, lo que representó una caída de 9,3% si se compara con los US$10.169 millones empleados en 2019.
Para Julián Arévalo, decano de economía de la Universidad Externado de Colombia, esta alta cifra en pro de la defensa nacional se debe a las dinámicas de crimen y violencia por las que atraviesa Colombia actualmente.
“Hay que reconocer que Colombia enfrenta unos desafíos de seguridad importantes asociados a grupos de crimen organizado, narcotraficantes y otros tipos de criminales, especialmente en regiones más afectadas donde la presencia del Estado es más débil”, dijo.
El experto añadió que sería ilógico desconocer que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad que son importantes. Arévalo, sin embargo, afirmó que Colombia está en mora de hacer la transición a algunos enfoques de seguridad ciudadana para reducir las altas inversiones en defensa reportadas cada año.
Ante el panorama de dicho gasto, diversos grupos políticos de oposición al Gobierno Nacional mostraron su descontento ante la enorme inversión que realiza el Estado en el gasto militar.
Crítica que tiene lugar sobre todo en un momento de emergencia sanitaria donde, según la oposición, se debería priorizar los costos de vacunación y el pago de los trabajadores de la salud.
Al respecto, Iván Cepeda afirmó que “el llamado es a contrarrestar la expansión del gasto militar, del comercio de armas y la proliferación de armamentos en el mundo. Es un llamado de alerta frente a lo que está ocurriendo en el país. Aumenta el gasto militar y se concreta en hechos como la compra de 24 aviones de guerra”.
Arévalo afirmó que, aunque la inversión es necesaria teniendo en cuenta los conflictos internos del país, el Gobierno todavía debe desarrollar propuestas en inversiones sociales y desarrollo de las zonas que están más afectadas por el conflicto en el país, para que de esta forma “no tengamos que recurrir siempre a los criminales por la vía armada”.
El experto añadió que las inversiones gasto militar se convierte en un círculo vicioso, ya que “cuando tenemos regiones del país sin infraestructura y sin oportunidades de producción y completamente marginadas de las dinámicas económicas del país, encontramos unas regiones totalmente vulnerables al crimen. Ellos aprovechan las debilidades el Estado en estas regiones para fortalecer sus actividades criminales y se convierte en un círculo vicioso en el que el Gobierno va a tener que gastar sumas enormes para poderlos enfrentar”.
El economista añadió que los gastos de orden militar están encaminados a mantener un Ejército y Fuerzas Armadas con un gran número de miembros comparados con los números de la región. Además, las situaciones desafortunadas con países vecinos han implicado el gasto de, por ejemplo, la compra de aviones militares y la implementación de nuevas tecnologías armamentistas para hacer frente a nuevos desafíos.
Panorama mundial
El reporte añadió que en América Latina países con una gran superficie como México invierten mucho menos en defensa con US$6.116 millones en 2020. Paraguay y Uruguay, por ejemplo, hacen inversiones más conservadoras en gastos militares con cifras que ascendieron en 2020 a US$364 millones y US$1.164 millones, respectivamente.
Uno de los países con un fuerte aumento en este tipo de gastos fue Estados Unidos, pues alcanzó la exorbitante cifra de US$778.000 millones de inversión en 2020, lo cual representa un aumento de 4,4% con respecto al año inmediatamente anterior.
“Los recientes aumentos en el gasto militar de Estados Unidos pueden atribuirse principalmente a una fuerte inversión en investigación y desarrollo, y a varios proyectos a largo plazo, como la modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos”, afirmó Alexandra Mrksteiner, investigadora de Sipri.
Al otro lado del mundo, países asiáticos como India (US$72.000 millones) y Japón (US$49.000 millones) también figuraron en la lista de las naciones que más invirtieron en gasto militar el año pasado.
Junto a estos países está Corea del Sur, con US$45.700 millones; y Australia, con US$27.000 millones, los cuales fueron los cuatro territorios que más aumentaron su inversión en defensa entre 2019 y 2020.
FUENTE: Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co
La otra mirada
Cumplimiento de acuerdo de paz en Colombia se llevaría 3,1% del Presupuesto 2022
De los $350,4 billones aprobados para el Presupuesto General de la Nación el próximo año, se asignarían $11 billones para el cumplimiento del acuerdo.
Cumplimiento de acuerdo de paz en Colombia se llevaría 3,1% del Presupuesto 2022. Apretón de manos del Presidente Santos y Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, tras la firma del histórico Acuerdo Final de Paz en Cartagena. (Juan Pablo Bello/Presidencia)
Por Valerie Cifuentes
Colombia cumplió recientemente cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, luego de más de 50 años de conflicto armado contra esta guerrilla, de la cual hoy en día hay disidencias bajo su nombre. Avanzar en la implementación del acuerdo es clave si el país quiere progresar en el cierre de brechas perpetuadas por años de conflicto.
Años después de la firma, ¿cuántos recursos ha asignado el país para el cumplimiento de dicho acuerdo? Esta pregunta es importante y hacerle seguimiento hoy en día es posible gracias a un trazador presupuestal para la paz que debe incluirse en cada uno de los proyectos del Presupuesto General de la Nación (PGN), según quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Datos clave sobre el cumplimiento del acuerdo
Así las cosas, pese a que el acuerdo se firmó el 26 de septiembre de 2016, desde 2020 el Gobierno publica dicho trazador. Según cifras de los anexos del PGN para 2022, el próximo año se destinarían $11 billones para el cumplimiento del acuerdo de paz, esto es el 3,1% del total del Presupuesto de 2022 ($350,4 billones).
Mientras tanto, en el PGN de 2021 se destinaron $10,7 billones para el cumplimiento del acuerdo, eso es 3,4% del monto del Presupuesto aprobado ese año ($313,9 billones), ahora bien, si se revisa el dato frente al presupuesto apropiado en 2021 la participación de los recursos para la paz sería 3,2% en el total ($332,8 billones).
Volviendo a los datos del PGN de 2022, según los anexos del Presupuesto, de los $11 billones que se destinarían al cumplimiento de los acuerdos “el 49,2% ($5,4 billones) corresponden a recursos de inversión, el 12,5% ($1,4 billones) a recursos de funcionamiento y 38,3% ($4,2 billones) a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)”, dice el documento.
Hay que recordar que el acuerdo tiene seis puntos: (1) reforma rural integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al problema de las drogas, (5) víctimas del conflicto y (6) implementación, verificación y refrendación.
Según las cifras de los anexos del PGN para 2022, los $11 billones se distribuirán así según cada punto del acuerdo: 81,8% para la reforma rural integral ($8,9 billones), 0,9% para la participación política ($105.035 millones), 5,7% para el fin del conflicto ($629.640 millones), 4,5% para la solución al problema de las drogas ($495.541 millones), 6,4% para las víctimas del conflicto ($702.610 millones) y 0,6% para la implementación, verificación y refrendación del acuerdo ($64.287 millones).
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2017, el costo total del cumplimiento del acuerdo de paz a precios constantes del 2016 es de $129,5 billones en un plazo de 15 años, ese monto a precios del 2021 sería $155,1 billones. Según los datos del trazador publicados en los proyectos del Presupuesto de 2020, 2021 y 2022, en estos tres años se invertirían $31,1 billones (a precios de 2021) para dicho fin, eso sería el 20,05% del total del costo estimado de la implementación del acuerdo.
Germán Machado, asesor del Ministerio de Hacienda expuso en su cuenta de Twitter que “desde 2017, e incluyendo las cifras del proyecto 2022, en el PGN se habrán apropiado $39,8 billones -pesos corrientes- para Construcción de Paz. En 2021, las apropiaciones representan 3,4% del PGN, lo que es más que el promedio 2017-2021 (2,1% del PIB)”.
Machado también resaltó que “de los $20,5 billones asignados entre 2020 y 2021, el 75% se ha dirigido a la implementación del punto 1 (Reforma Rural Integral)”.
La importancia de implementar el acuerdo
Angelika Rettberg, profesora titular de la Universidad de los Andes, explicó que es absolutamente necesario que se cumpla con la implementación del acuerdo para la economía y el país en general, ya que sólo así se avanza en la solución a problemas estructurales como la propiedad, los usos de la tierra y la presencia del Estado y del mercado en regiones actualmente “alejadas” no sólo geográfica sino económica y socialmente de los procesos de creación de bienestar a nivel nacional.
Desde la visión de Jorge Iván Bula, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, “avanzar en el acuerdo de paz constituye, a mi juicio, uno de los pilares esenciales de la reactivación económica”.
Bula agregó que el Mfmp de 2017 asignaba un 85% de los recursos para la implementación del acuerdo de paz, a la reforma rural integral. “Una forma de hacer efectiva la presencia del Estado en territorios que se han visto de nuevo afectados por episodios de violencia por parte de grupos al margen de la ley, exigiría una mayor inversión en dichos territorios en el apoyo a proyectos productivos, un efectivo ejercicio del imperio de la ley (hacer efectiva la ley de restitución de tierras) y un fortalecimiento institucional que permita un entorno de mayor cohesión social a través e la inversión social”.
Además, dijo el docente de la Nacional, los desarrollos más recientes muestran que aspectos que quizás se les daba una muy baja participación como drogas Ilícitas y víctimas, que participaban en esa proyección con 6.4 %y 3.3% respectivamente, reclaman una política más agresiva en cuanto a sustitución de cultivos ilícito y protección a las víctimas.
“Ello permitiría la construcción de entornos sociales y políticos más favorables que se traducirían en el restablecimiento de la confianza entre los agentes económicos y los actores sociales estimulando así la inversión productiva con una perspectiva más equitativa e incluyente”, agregó el docente.
Por su parte Alejandro Rodríguez Llach, investigador principal de Dejusticia, refiriéndose al punto 1 del acuerdo (reforma rural integral) comentó que la desigualdad en el acceso de tierras tiene diferentes consecuencias como baja productividad agrícola, bajo crecimiento económico, altas tasas de pobreza, relaciones sociales opresivas y violencia. “Avanzar en la implementación del punto 1 además de traer desarrollo rural y económico en estas zonas, sobre todo en las más afectadas, elimina los problemas citados”.
Respecto al punto 2, de participación política, Rodríguez mencionó que “entre más se avance en este punto vamos a tener una democracia más sana, vibrante y robusta con dividendos económicos para el país y la sociedad en general”.
El experto de Dejusticia también mencionó que en el punto en el que se tratan los temas de verdad y reconciliación, “todas estas acciones que se hacen en el marco de estas organizaciones como la JEP son muy importantes para reconstruir el tejido social de la sociedad. Cuando ello se logra ello hay dividendos por generación de capital social, estudiados por la literatura, que tiene impactos positivos en la economía como en la sociedad en general”.
¿Son suficientes los recursos asignados año a año?
Sobre este punto Jorge Iván Bula, docente de la Nacional, comentó que “es claro que el tránsito hacia un país más viable política y socialmente, requiere de mayores inversiones en la implementación del acuerdo, que además, podrían generar externalidades positivas más allá de los aspectos estrictamente pactados en el mismo”.
Bula añadió que así como el Covid-19 obligó a revisar la regla fiscal que suponía que para 2022 el gasto del gobierno central no debería ser superior al 1% del PIB, así mismo los compromisos de la paz, deberían permitir flexibilizar dicha regla en aras a alcanzar las condiciones previstas en el acuerdo.
“El gasto público no es solo un problema técnico de balance presupuestal, es también una decisión política de dónde establecer las prioridades. Como señalan algunos analistas, si en el pasado tuvimos el impuesto de guerra, ¿por qué no tener el impuesto para la paz?”,
— Jorge Iván Bula.
Por su parte Alejandro Rodríguez, el experto de Dejusticia, recordó que “el conflicto armado se generó por la desigualdad en el acceso de tierras, por la marginaciones de la periferia colombiana, entre otros aspectos socioeconómicos que fueron los que siempre mantuvieron prendido el conflicto. Si no se cambian estas condiciones estructurales es muy poco probable que tengamos un tránsito hacia la paz”.
Rodríguez añadió que para cambiar dichas condiciones estructurales se necesita mucha inversión en esos territorios en términos de provisión de bienes y servicios públicos, en reconstrucción del Estado y en aumentar su capacidad institucional que se traduzca en políticas de desarrollo.
https://www.bloomberglinea.com.co/2021/09/29/cumplimiento-de-acuerdo-de-paz-en-colombia-se-llevaria-31-del-presupuesto-2022/