Miles de ciudadanos piden responsabilidades al Gobierno por la polémica ley que despenalizaba este delito en algunos casos
La marcha atrás del Gobierno no ha aplacado a los rumanos. Decenas de miles de ciudadanos han salido a la calle este domingo por sexto día consecutivo para clamar contra la corrupción y contra una clase política que creen que no les representa. Ahora, tras la retirada del polémico decreto que pretendía despenalizar casos de sobornos, cohechos o conflictos de intereses cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros, los rumanos exigen responsabilidades. El Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (PSD) ya ha dicho que no dimitirá.
«Este Gobierno ha querido legalizar el robo y la corrupción. Es claramente una muestra de lo que puede ser su camino durante estos cuatro años», exclama Alexandra Nor, de 29 años. A su alrededor, en la Plaza Victoria de la capital Rumana, decenas de miles de personas —unas 500.000, según medios locales— a última hora de a tarde, según la prensa local– silban y gritan consignas contra el Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (PSD). Nor lleva saliendo a la calle junto a sus amigos desde el martes por la noche, cuando el Gobierno aprobó de manera casi sorpresiva, la controvertida regulación que ha despertado las mayores manifestaciones de la historia de Rumania tras la caída de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en 1989. «Queremos que sepan que pase lo que pase les estaremos vigilando, que estamos dispuestos a salir a la calle, que no nos dejaremos engañar», añade Nor.
La capitulación del Gobierno, que, tras una reunión de urgencia, ha publicado este domingo la derogación del decreto, no ha sido suficiente.
Ahora los ciudadanos, indignados, buscan gestos. El primer ministro,Sorin Grindeanu, ya ha descartado dejar el poder. «No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos», dijo a la cadena privada Antena3.
Fuentes de la formación socialdemócrata, en el poder desde que el pasado diciembre ganaron las elecciones con el 45% de los votos, deslizan que el cabeza de turco puede ser ministro de Justicia, Florin Iordache. Alguien que, según dijo el propio primer ministro, Sorin Grindeanu, al anunciar la retirada del decreto «no ha sabido comunicar bien» el texto. El presidente del PSD, Liviu Dragnea, ha admitido a la televisión local que se está discutiendo el futuro del titular de Justicia.
Dragnea, quien se hubiera beneficiado del decreto ahora anulado y quien no pudo ocupar el sillón de primer ministro precisamente por estar imputado por corrupción, ha criticado desde el principio las protestas, tras las que ve la mano de la oposición. «Si las manifestaciones continúan después de la derogación del decreto, esto dejará claro que se trata de un plan urdido tras las elecciones» para hacer caer el Gobierno, ha insistido este domingo. Frente a la sede del Ejecutivo, en Bucarest, un millar de personas se han manifestado para apoyar al Gabinete de Grindeanu.
En Plaza Victoria, el punto mayoritario de las protestas de los últimos días y donde a última hora de la tarde de este domingo sigue llegando gente, Ciprian Gal, clama contra los dirigentes rumanos. «Con lo que han pretendido hacer han perdido legitimidad. ¿Cómo vamos a confiar ahora en un Gobierno que hace este tipo de maniobras», se plantea. Este experto en ciencias ambientales de 30 años, se lamenta del grave problema de corrupción del que adolece Rumania. Un problema, dice, que el Ejecutivo solo parece alimentar.
La fiscalía investiga actualmente 2.000 casos de abuso de poder el país de políticos.