Hace un año, el 10 de septiembre del 2015, asesinaron en Pitalito (Huila) a la periodista Flor Alba Núñez. Tras el crimen, el periodismo se extingue en esta región y la impunidad amenaza. Álvaro Pérez, John Sarria, Leidy Taborda, John Fredy Mora, José Antonio Guzmán y Hernando Reyes, todos periodistas, así lo confirman. Sentados en el sofá de la recepción del hotel Escorial del centro de Pitalito, expresan que se sienten solos, sin oportunidades.

Guzmán, que trabajó como camarógrafo de Flor Alba Núñez en el Canal 6, sentencia: “En unos años, el periodismo en Pitalito podrá desaparecer”. “Desde que mataron a Flor, el temor es generalizado”, agrega Reyes. Tanto así que el profesor Álvaro Pérez, quien además fue colega de Núñez, cuenta que después del asesinato varios estudiantes de periodismo del municipio se han ido enfocando en las relaciones públicas para empresas o entidades del Estado.

“Talento y ganas sí hay, pero hay prevención por las circunstancias actuales”, dice Pérez. El crimen contra Flor Alba Núñez impactó en el pueblo y lo paralizó. La difusión de un video de cámara de seguridad que mostraba el momento de su muerte se regó como pólvora en redes sociales. Y con él se extendió el miedo. El homicidio cumplió con el objetivo de todos los delitos contra periodistas: silenciar. Censurar.

Al crimen de Núñez se sumó que el Canal 6, para el que trabajaba, cerró. Los periodistas abrieron una página web y desde allí intentan hacer su trabajo. Pasaron de tener un estudio a generar la información desde un garaje en el sitio de trabajo alterno de Hernando Reyes. Lucen desesperanzados.

La investigación por el crimen de la periodista avanza a paso lento. Luego de cuatro aplazamientos consecutivos, por fin se realizó el jueves 1º de septiembre, en el Palacio de Justicia de Neiva, la audiencia preparatoria del juicio oral en contra de Juan Camilo Ortiz, alias el Loco, presunto autor material y el único capturado por el hecho. Los medios locales apenas si registraron la noticia. “Da miedo contar lo que a ella le pasó o hacerle seguimiento al caso. Eso aquí prácticamente no se puede”, dice Reyes.

¿Quién lo impide? La pregunta queda en el ambiente sin respuesta. Una chica de apenas 24 años que trabaja en un medio de comunicación fue intimidada hace varios meses por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta: “Cuídense los de la emisora”, le dijo. La joven denunció el caso, pero prefiere no dar a la prensa su nombre ni el del medio para el que trabaja. Su cara refleja angustia. “Ya no sé si pueda seguir trabajando en esto”, lamenta.

Una de las mejores amigas de Flor Alba Núñez, Gisela Hurtado Celis, relata: “La percepción de cómo trabajan los medios de comunicación cambió fundamentalmente tras la muerte de Flor Alba. Porque cuando la mataron nos dimos cuenta de que efectivamente no existen garantías para ejercer la profesión en esta región, donde ocurren diversas situaciones que nos pueden poner en peligro en un momento determinado. La verdad es que es imposible hacer investigación de cualquier cosa”.

Hurtado Celis tiene medida de protección. Se la otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP) por hechos que ella considera “infortunados” y que sucedieron inmediatamente después del crimen de Núñez. “Cambió la vida de toda mi familia. Uno reduce las salidas a los municipios, a todo, y prácticamente he tenido que encerrarme a trabajar desde mi casa en el portal de noticias. No me quiero referir profundamente a los hechos de la amenaza, pero sí es evidente que no existen garantías para trabajar. Aun así, tengo la convicción absoluta de que hay que decir la verdad e informar en medio de la hostilidad”.

Álvaro Pérez, profesor y periodista, quien se tuvo que ir de Pitalito en el pasado por un par de años debido a amenazas, cree que este es el peor momento que vive la prensa de esa región en el sur del Huila: “El asesinato de Flor Alba fue un golpe a la sensibilidad del periodista de provincia, que trabaja con las uñas, por pasión”.

Pérez asegura que el miedo de los periodistas se extendió al resto de la sociedad, que ya entiende qué les pasa a los periodistas cuando hablan de cosas de las que no deben hablar. “Ya se generó un clima social en el que la misma gente tiene ese temor”.

Solidaridad silenciosa

Oliva Vargas, la madre de Flor Alba Núñez, se armó de valor y fue a tocar la puerta de todos los periodistas amigos de su hija asesinada para pedirles ayuda. “Al principio nos apoyaron, como los primeros tres meses, pero últimamente nos hemos quedado solos. Hace tres semanas le dije a mi esposo: Hay que hacer algo. Entonces me fui para la Fiscalía. Allá nos dijeron que el caso estaba en Neiva y que lo iban a trasladar para Bogotá, porque aquí los fiscales habían tenido amenazas”.

El estado del caso en los estrados es confuso para Vargas. Asegura que los abogados defensores jamás la han llamado y que se ha enterado de las audiencias por lo que dicen los medios de Neiva. Érika Gómez, de la ONG Comité de Protección de los Derechos Humanos, que lleva el caso, les dijo a los medios que las cosas no han avanzado como quisieran, pero que sí están trabajando y por lo menos hay una persona capturada.

Gómez no se quiso referir a ninguno de los hechos relacionados de alguna forma con el crimen, como que Flor Alba Núñez denunció a través de su red social a peligrosas bandas delincuenciales de Pitalito. En noviembre del 2013, a través de Nación TV, La Preferida y Canal Seis, denunció el atentado que sufrió la médica veterinaria Julieth Marcela Henao. Según el expediente, Juan Camilo Ortiz, alias el “Loco” o “Bebé”, habría sido el responsable. El mismo sujeto fue detenido de nuevo en Palmito (Sucre), sindicado de haber disparado contra Núñez.

Tampoco habló del hecho de que en su programa de radio, la periodista se refirió a un hombre conocido como el “Ingeniero”, que había estado preso por homicidio y estuvo distribuyendo propaganda de un candidato a la Alcaldía de Pitalito en la contienda del 2015.

Oliva Vargas sólo quiere justicia. “Sentía que nos estábamos quedando solos, que a la gente se le estaba olvidando que a mi hija la mataron por hacer su trabajo bien. Entonces me propuse hacer una marcha”, dice.

Vargas carga en sus brazos al sobrino de seis meses que su hija no alcanzó a conocer: “Fui a pedir apoyo y entonces me decían que sí querían conmemorar la muerte de Florecita. A todos les dije que esa no era la idea, que lo que vamos es a marchar para reclamar justicia, la que no ha habido”. En la mesa del comedor de su casa hay algunos volantes rosados que invitan a la marcha de hoy a las 8:30 de la mañana en el parque principal de Pitalito.

Aris Hernández Claro, el compañero de Flor Alba, no se rinde. Ha asistido a los tres intentos de audiencia preparatoria que se han realizado y al último que efectivamente se hizo en Neiva. No pierde la fe en que el caso despegue en algún momento: “He visto que la justicia no es tan pronta, tan eficaz, tan veraz como dicen que es. En la última audiencia, que por fin se pudo hacer, empezaron a destapar las pruebas. Dicen que el 19 de septiembre se retomará la audiencia, presentarán más pruebas y llamarán testigos. La justicia tiene videos, documentos, y dicen que hay dos testigos presenciales”. Tras conversar con él, queda en el aire la inconformidad con la forma como la Fiscalía y la Defensa han manejado el caso. No lo dice, pero duda. Teme la impunidad.

El joven profesor reclama que se haga justicia. Hace un año, cuando ocurrió el hecho, el fiscal Jorge Fernando Perdomo se comprometió a acelerar las investigaciones. Sin embargo, para ellos y la comunidad de Pitalito nada parece avanzar.

La Fiscalía le informó a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que la investigación la asumió un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y que pueden dar un parte de tranquilidad de que el proceso pronto arrojará nuevos resultado.

Este informe es la segunda parte del proyecto Pitalito Sin Censura. Periodistas de “El Tiempo”, El Espectador y “La Patria” se pusieron en la tarea de averiguar cómo es hacer su trabajo en este municipio del Huila, un año después de la muerte de Flor Alba Núñez.

Fuente: Andiarios, la Fundación para la Libertad de Prensa y Colprensa.

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